Calling all FIBA Alumni!

We are excited to announce our new alumni initiative #MYFIBASTORY.

Have you taken any of the FIBA Certification Courses? Would you like to share with others your enthusiasm for our courses? We have the spotlight for you!

My FIBA Story is a series of videos made by FIBA Alumni sharing their experiences and how our courses have impacted their careers.

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We are excited to announce the release of the new FIBA Blog. Bookmark the page and stay tuned for blogs on the following topics.

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“I am thrilled and grateful to have been elected as Chairperson for such an important industry organization. Representing FIBA is something I will do with great pride and commitment. I am very fortunate to be joined by professionals with proven track records that will accompany me in this new Board so I am looking forward to the year ahead.” said Michelle Fernandez.

Built on a legacy that spans over 40 years, FIBA is a non-profit trade association dedicated to supporting the global financial services industry through thought-leadership, education, innovation, and advocacy.

Immediate past chair, David Hernandez, Chief Risk Officer at BAC Florida Bank who has been at the head of FIBA during the past term and has led through a challenging year expressed “The growth and success of the FIBA institute and the conferences, during such a difficult year, are the result of a hardworking team that has given their all to continue representing the international banking community and I am honored to have been a part of it”.

David Schwartz, President and CEO of FIBA thanked the current members while congratulating the newly elected officers “It is such an honor to have such talented professionals on our Board this year, as always. Michelle is a tremendous contributor to our organization, and we are delighted to have such a professional leading our Board” he said.

Aviso sobre estafas de impostores y esquemas de "mulas de dinero" relacionados con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

Este aviso debería comunicarse a:
• Directores ejecutivos
• Directores de operaciones
• Directores de cumplimiento
• Directores de riesgos
• Departamentos de ALD/BSA
• Departamentos jurídicos
• Departamentos de ciberseguridad
• Agentes de servicio al cliente
• Cajeros de banco


Solicitud de presentación de informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés):
La FinCEN solicita a las instituciones financieras que citen este aviso en el campo 2 del SAR (Nota de la institución depositaria a la FinCEN) y la narrativa introduciendo
la siguiente expresión clave: “COVID19 MM FIN-2020-A003” y que seleccionen el campo 34(z) del SAR (Fraude-otro). Hacia el final del presente aviso figuran orientaciones adicionales para completar los SAR.

Introducción

La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emite este aviso para alertar a las instituciones financieras sobre un mayor número de estafas médicas observadas durante la pandemia de COVID-19. Este aviso contiene descripciones de estafas de impostores y esquemas de “mulas de dinero”, estudios de
casos, indicadores financieros y señales de alerta en ambos casos e información sobre la notificación de actividades sospechosas.

Este aviso tiene por objeto ayudar a las instituciones
financieras a detectar, prevenir y notificar posibles
actividades ilícitas relacionadas con el COVID-19. Se basa
en el análisis que realiza la FinCEN de la información
relacionada con elCOVID-19 obtenida de datos
proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario
(BSA, por sus siglas en inglés), informes de dominio
público y colaboradores de agencias de ley y orden.  La
FinCEN publicará información relativa al  COVID-19
para ayudar a las instituciones financieras a mejorar sus
esfuerzos para detectar, prevenir y notificar actividades
ilícitas sospechosas en su sitio web, https://www.fincen.
gov/coronavirus (en inglés), que también contiene
información sobre la manera de inscribirse para recibir
información actualizada de la FinCEN (en inglés).

Señales de alerta de estafas de impostores y esquemas de
“mulas de dinero” relacionados con el COVID-19
Entre los fraudes a los consumidores se encuentran las estafas de impostores y los esquemas de “mulas de dinero”, en los que las partes intervinientes engañan a las víctimas haciéndose pasar por organismos del gobierno federal, organizaciones internacionales o entidades de beneficencia. La FinCEN ha definido las señales de alerta que se describen a continuación, para advertir
a las instituciones financieras sobre esos fraudes y ayudarlas a detectar, prevenir y notificar
transacciones sospechosas asociadas a la pandemia del COVID-19.
Dado que ningún indicador financiero o señal de alerta es por sí solo necesariamente un indicio de
actividad ilícita o sospechosa, antes de determinar si una transacción es sospechosa o indicativa
de actividad posiblemente fraudulenta relacionada con el COVID-19 las instituciones financieras
deberían tener en cuenta otras informaciones contextuales y los hechos y circunstancias conexos,
como el historial de actividad financiera del cliente, si las transacciones se ajustan a las prácticas
comerciales imperantes y si el cliente presenta múltiples indicadores.  En consonancia con el
enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de la BSA, también se alienta a las instituciones
financieras a realizar indagaciones e investigaciones adicionales cuando proceda. Además, algunas
de las señales de alerta que se describen a continuación pueden aplicarse a múltiples actividades
fraudulentas relacionadas con el COVID-19.

Estafas de impostores
En esta clase de estafas los delincuentes se hacen pasar por organizaciones, como organismos
gubernamentales, grupos sin fines de lucro, universidades o entidades de beneficencia para ofrecer
servicios fraudulentos o estafar de otra manera a las víctimas.  Si bien las estafas de impostores
pueden adoptar múltiples formas, la metodología básica implica a una persona 1) que contacta a un
blanco con el falso pretexto de representar a una organización oficial, y (2) lo coacciona o convence
para que proporcione fondos o información valiosa, realice una acción que cause la infección
de su computadora con un programa maligno, o difunda información falsa1. En el caso de los
esquemas vinculados al COVID-19, los impostores pueden fingir ser funcionarios o representantes
del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)2, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)3, la Organización Mundial de la Salud
(OMS o WHO, por sus siglas en inglés), otros grupos de atención médica o sin fines de lucro e
instituciones académicas.4
Véase el Blog de actividades de la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), “Seven Coronavirus 
Para obtener información sobre estafas de impostores de IRS en general, véase el artículo de la FTC “Estafas de 
impostores del IRS”, (enero de 2020).
Véase el Anuncio de servicio público del Centro de Denuncias de Delitos por Internet (IC3) del Buró Federal
de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), “FBI Sees Rise in Fraud Schemes Related to the Coronavirus
La FTC mantiene enlaces a recursos relacionados con estafas y las tendencias actuales que ha observado. Véase “Las 

FINCEN AVISO
Los agentes ilícitos pueden servirse de estafas de impostores para defraudar o engañar a las personas
vulnerables, entre ellas los ancianos y las personas desempleadas, solicitándoles pagos (como pagos
digitales y monedas virtuales), donaciones o información personal por correo electrónico, llamadas
automáticas, mensajes de texto5 u otros métodos de comunicación.  Por ejemplo, un impostor puede
contactar a las posibles víctimas por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto y dar a entender a
la víctima que debe verificar datos personales o enviar pagos a estafadores a cambio de prestaciones
o pagos de estímulo relacionados con  el COVID-19, incluidos pagos de impacto económico6 en
el marco de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES, por
sus siglas en inglés)7.  Otro caso es el de impostores que contactan a sus víctimas fingiendo ser
representantes del gobierno o del sector de atención médica que participan en actividades de
rastreo de contactos relacionadas con el COVID-19 y dan a entender que la víctima debe compartir
datos personales o financieros en el marco de esa labor8.  Se pueden citar múltiples ejemplos,
entre ellos esquemas de phishing (ataque por suplantación de identidad), en los que los impostores
envían comunicaciones que parecen provenir de fuentes legítimas para obtener datos personales y
financieros de las víctimas y posiblemente infectar sus dispositivos, para lo cual convencen al blanco
de descargar un archivo adjunto malicioso o hacer clic en enlaces fraudulentos.9

Para obtener información sobre las estafas de impostores relacionadas con el COVID-19 realizadas por mensajes de
texto o llamadas telefónicas, véase el artículo página de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas
en inglés), “Estafas relacionadas con el coronavirus - Recursos para el consumidor”, (20 de mayo de 2020). La FTC y
la FCC han enviado cartas de advertencia a múltiples proveedores de servicios de Protocolo de Transmisión de Voz
por Internet (VoIP) por presuntamente encaminar llamadas de venta telefónica o llamadas automáticas fraudulentas
relacionadas con la pandemia.  Véase el comunicado de prensa de la FTC, “FTC and FCC Send Joint Letters to
mayo de 2020).
Los pagos de impacto económico pueden administrarse en forma de depósitos por cámara de compensación automática (ACH), cheques Departamento del  Tesoro de los Estados Unidos o tarjetas de débito prepagada. Véase el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (el Tesoro) “Treasury is Delivering
La FTC, el IRS y el Inspector General del Departamento del Tesoro para la Administración Tributaria publicaron
por separado información sobre estafas de impostores, en particular las relacionadas con los pagos de impacto
económico. Véase el blog de la FTC, “¿Quieres recibir tu cheque de ayuda para aliviar el impacto económico causado
de las estafas:”,(8 de abril de 2020); el boletín informativo del IRS, “IRS emite advertencia de estafas relacionadas 
Véase el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) “U.S. Attorney Warns
Véase la alerta de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Centro Nacional de Ciberseguridad
(NCSC, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, “COVID-19 Exploited by Malicious Cyber Actors” (8 de abril de

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Los estafadores también pueden hacerse pasar por obras de beneficencia legítimas o crear
falsas entidades de caridad, aprovechar la generosidad del público y malversar donaciones
destinadas a las actividades de respuesta al COVID-19.10   Para engañar al público, con frecuencia
los delincuentes utilizan modalidades como cuentas de medios sociales, recaudación puerta a
puerta, folletos, envíos, teléfono y llamadas automáticas, mensajes de texto, sitios web y correos
electrónicos que simulan obras benéficas y organizaciones sin fines de lucro legítimas. Esas
operaciones pueden incluir en sus títulos términos como “socorro”, “fondo”, “donación” y
“fundación”, para dar la impresión de que se trata de una organización legítima.11
Dado que muchos estafadores pueden dirigirse a clientes y no a las instituciones financieras
directamente, estas deberían estar alerta a posibles actividades sospechosas en el momento de
interactuar con sus clientes. A continuación, se presentan algunas señales de alerta de estafas de
impostores:

Un cliente que indica que una persona que pretendía ser representante de un organismo
gubernamental le contactó por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o medios sociales
para solicitarle datos personales o de su cuenta bancaria con miras a verificar, tramitar o
acelerar el pago de impacto económico, el seguro de desempleo u otras prestaciones12.  En
particular, esté alerta a las comunicaciones en las que se hace hincapié en el “cheque de
estímulo” o el “pago de estímulo” en solicitudes al público, a veces argumentando que la
entidad fraudulenta puede acelerar el proceso de obtención del “cheque de estímulo” u otro
pago gubernamental en nombre del beneficiario por una comisión que ha de pagarse mediante
tarjeta de regalo o tarjeta prepagada.

El recibo de un documento que parece ser un cheque o una tarjeta de débito prepagada
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a menudo por un monto inferior al
previsto en el pago de impacto económico, con instrucciones para contactar al organismo
gubernamental fraudulento por teléfono o en línea, para verificar datos personales con miras a
recibir la totalidad de la prestación.
Múltiples Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos advierten sobre la actividad de delincuentes que pueden
pretender explotar de las iniciativas de socorro legítimas para su propio beneficio ilícito, solicitando donaciones
para entidades de caridad falsas o sitios de financiación participativa. Véanse la Oficina del Fiscal de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de Georgia, “U.S. Attorney Warns of Coronavirus Scams Targeting Vulnerable Victims”,
(25 de marzo de 2020); la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Oklahoma, “Department 
of Justice Requests Citizens be Aware of And Report COVID-19 Fraud”, (24 de marzo de 2020); y la Oficina de
Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Tennessee, “U.S. Attorney and FBI Urge the Public to Report
Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) señaló las posibilidades de que surjan fraudes de inversión benéfica,
en los que las partes intervinientes alegan falsamente que las inversiones otorgarán apoyo financiero o tratamiento
médico a personas necesitadas, pero en lugar de ello el dinero es robado. Véanse los boletines y las alertas de la SEC
para inversionistas, “Frauds Targeting Main Street Investors -- Investor Alert” (10 de abril de 2020). Véase también la
coronavirus”, (5 de mayo de 2020).
Véase el artículo de la FTC, “Cómo donar sabiamente y evitar estafas de caridad”.

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Comunicaciones no solicitadas de supuestas fuentes fiables o de programas gubernamentales
relacionados con el COVID-19, en las que se indica a los lectores que abran hipervínculos
o archivos adjuntos o que proporcionen datos personales o financieros, incluidas las
credenciales de la cuenta (es decir, nombres de usuario y contraseñas).

Direcciones de correo electrónico en la correspondencia sobre el COVID-19 que no
corresponden al nombre del remitente, contienen errores ortográficos o no terminan en el
dominio correspondiente de la organización de la que presuntamente proviene el mensaje.
Por ejemplo, los organismos gubernamentales utilizan los dominios “.gov” o “.mil”.  Muchas
obras benéficas legítimas utilizan la extensión “.org”.  Los correos electrónicos de la OMS
contienen la extensión “@who.int”.  En cambio, es posible que los estafadores utilicen “.com” o
“.biz” en vez del dominio esperado.

La correspondencia de correo electrónico que contiene un asunto identificado por el gobierno
o la industria como vinculado a empresas de phishing o contiene hipervínculos o direcciones
de páginas web hacia supuestos recursos para el COVID-19 que tienen URL irregulares (por
ejemplo, variaciones mínimas en las extensiones de dominios como “.com,” “.org,” y “.us”).
Algunos ejemplos de asuntos de correos electrónicos identificados por el Gobierno de los
Estados Unidos como phishing relacionado con el COVID-19 son “2020 Coronavirus Updates”
(información actualizada sobre el coronavirus 2020), “Coronavirus updates” (información
actualizada sobre el coronavirus), “2019-nCov: New confirmed cases in your City” (2019-
nCov: nuevos casos confirmados en su ciudad) y “2019-nCov: Coronavirus outbreak in your
city (Emergency)” (2019-nCov: brote de coronavirus en su cuidad (Emergencia)).”13

Solicitudes en las que la persona, el correo electrónico o la publicidad en medios sociales
pide donaciones en nombre de una organización prestigiosa, pero no está asociada a esa
organización (es decir, el solicitante no es reconocido ni avalado por la organización como
empleado o voluntario, la dirección de correo electrónico contiene errores ortográficos o no
está vinculada a la organización o la publicidad en los medios sociales dirige a las personas a
un sitio web no asociado).

Una organización de beneficencia que solicita donaciones: (1) que no tiene una historia
pormenorizada, informes financieros, declaraciones anuales al IRS, ni documentación de su
estatuto de exención impositiva; o (2) cuya existencia no puede verificarse utilizando diversos
recursos en línea que permitan confirmar la presencia del grupo y su condición de entidad sin
fines de lucro.


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Esquemas de "mulas de dinero"

Una “mula de dinero” es una persona que transfiere dinero obtenido de manera ilegal en
nombre de otra persona o bajo su dirección14.  Los esquemas de “mulas de dinero”, incluidos los
relacionados con la pandemia del COVID-19, abarcan el espectro de utilización de “mulas de dinero”
involuntarias, conocedoras o cómplices15.  Una “mula de dinero” involuntaria o no conocedora es
una persona que desconoce que forma parte de un esquema delictivo más amplio.  La persona está
motivada por la confianza que deposita en un verdadero romance, puesto de trabajo o propuesta16.
Una “mula de dinero” conocedora es una persona que escoge ignorar las alertas evidentes o actúa
cerrando deliberadamente los ojos a su actividad de movimiento de dinero.  La persona está
motivada por la obtención de un beneficio financiero o por la reticencia a reconocer el papel que
desempeña17.  Una “mula de dinero” cómplice es una persona que tiene conocimiento de su papel
como “mula de dinero” y es cómplice en el esquema delictivo más amplio.  La persona está motivada
por la obtención de un beneficio financiero o por su lealtad al grupo delictivo18.  Durante la pandemia
de COVID-19 las autoridades de los Estados Unidos detectaron a reclutadores que utilizaban
esquemas de “mulas de dinero”, como el del buen samaritano, el romance o el trabajo a domicilio19.
Las autoridades de los Estados Unidos también identificaron a delincuentes que se utilizan a “mulas
de dinero” para explotar programas de seguro de desempleo durante la pandemia de COVID-19.20

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Entre las señales de alerta de los esquemas de “mulas de dinero” para el COVID-19 se encuentran
las siguientes:

El cliente comienza a recibir en su cuenta bancaria personal transacciones que no se ajustan
a su historial de transacciones, incluidas operaciones en el exterior, la compra de grandes
sumas de monedas virtuales convertibles o transacciones en grandes cantidades, o la cuenta
solía tener saldo bajo hasta que el cliente comenzó a participar en un esquema de “mulas de
dinero”.  Cuando se le interroga acerca de los cambios en las transacciones, el cliente se niega
a llenar documentos de “conozca a su cliente” o a responder preguntas con respecto a las
fuentes de los fondos, y tal vez cite como fuente de ingresos actividades de socorro para el
COVID-19 o una oportunidad de “trabajo a domicilio”.

El cliente abre una nueva cuenta bancaria a nombre de una empresa y, poco después, una
persona transfiere los fondos fuera de la cuenta.  Esta persona podría ser el titular de la cuenta
registrado u otra persona, y tal vez conserve una parte del dinero que ha transferido (por
orden del estafador ).  Si bien esa actividad en sí puede no resultar sospechosa, podría serlo si
la persona responde de manera insatisfactoria a las preguntas formuladas por la institución
financiera, se niega a proporcionar documentos fundamentales sobre “conozca a su cliente”, cita
como fuente de los fondos actividades de socorro para el COVID-19 u oportunidades de “trabajo
a domicilio”.

El cliente abre cuentas a su nombre en múltiples bancos de modo de poder recibir dinero de
diversas personas o empresas.  Después transfiere el dinero a otras cuentas por orden de su
presunto empleador.

El cliente recibe en su cuenta o en múltiples cuentas de la misma institución financiera varios
pagos del seguro estatal de desempleo, con los mismos intervalos de desembolso (por ejemplo,
pagos semanales o quincenales), efectuados por uno o varios estados.


El cliente recibe en su cuenta un depósito de desempleo de otro estado en el que
presuntamente reside o ha trabajado previamente.

El cliente recibe en su cuenta pagos de un seguro de desempleo por numerosos empleados,
o el nombre del titular de la cuenta y el nombre que figura en el campo “enviar a” del pago
ACH no concuerdan.

Los fondos depositados son rápidamente desviados mediante giro bancario a cuentas en el
extranjero ubicadas en países conocidos por tener controles deficientes en materia de lavado
de dinero

El cliente hace una o más transacciones atípicas que involucran cuentas en el extranjero,
especialmente mediante métodos de pago inusuales para el cliente.  Cuando se le interroga
acerca de la transacción, el cliente indica que está destinada a una persona que vive en el
extranjero, que necesita asistencia financiera debido a la pandemia del COVID-19.

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La documentación de cliente muestra que el supuesto empleador o encargado de la
contratación utiliza un servicio de correo electrónico común, gratuito y basado en la web
en vez de un correo electrónico específico de una empresa. Por ejemplo, en vez de contar
con una dirección de correo electrónico específica de una empresa u organización, como
first.lastname@ABCcompany.com o  lastname@XYZ_NGO.org, la dirección pertenece a un
proveedor de direcciones de correo electrónico común y gratuito.

El cliente informa de que su presunto empleador le solicitó que recibiera fondos en su cuenta
bancaria personal, de modo que ese empleador pudiera posteriormente tramitar o transferir
los fondos fuera de la cuenta personal del cliente mediante un giro bancario, ACH, un correo
electrónico o empresas de servicios de dinero.
El cliente declara, o la información muestra, que una persona, tal vez desconocida por el
cliente hasta el momento, solicitó asistencia financiera para enviar o recibir fondos por
intermedio de la cuenta personal del cliente. Esto incluye solicitudes realizadas por personas
que dicen ser:
Un miembro del servicio militar de los Estados Unidos que presuntamente está destinado
en el extranjero;
Un ciudadano estadounidense que trabaja o viaja en el extranjero; o Un ciudadano estadounidense que está cumpliendo cuarentena en el exterior.

Información sobre la notificación de actividades
sospechosas

Instrucciones para presentar informes de actividades sospechosas (SAR)

La presentación de informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), junto con la instauración eficaz de los requisitos de debida diligencia por parte de las instituciones financieras, es crucial para identificar y poner fin a delitos financieros, incluidos los relacionados con la pandemia del COVID-19.  Las instituciones financieras deberían proporcionar todos
los datos pertinentes y disponibles en el SAR y en la descripción.  La observancia de las instrucciones que figuran a continuación mejorará la capacidad de la FinCEN y de las agencias de ley y orden para identificar adecuadamente los SAR procesables utilizando el sistema Query de la FinCEN y extraer información para respaldar las investigaciones relacionadas con el COVID-19.

• La FinCEN solicita a las instituciones financieras que citen este aviso incluyendo la expresión clave: “COVID19 MM FIN-2020-A003” en el campo 2
depositaria a la FinCEN) y la narrativa para indicar el vínculo entre la actividad sospechosa
que se está notificando y las actividades destacadas en el presente aviso.
 del SAR (nota de la institución

FINCEN AVISO

Las instituciones financieras también deberían seleccionar el campo 34(z) (Fraude-otro) del SAR como el tipo de actividad sospechosa conexo para indicar un vínculo entre la actividad sospechosa que se está notificando y el COVID-19.  Dichas instituciones deberían incluir en el campo 34(z) del SAR el tipo de fraude o el nombre de la estafa o producto (por ejemplo, estafas de impostores o esquemas de “mulas de dinero”). Además, la FinCEN alienta a las instituciones financieras a denunciar ciertos tipos de estafas de impostores y de esquemas
de “mulas de dinero” en los campos 34(1) (Fraude-comercialización masiva) o 38(d) (Otras actividades sospechosas —Explotación financiera de ancianos) del SAR, según corresponda en función de la actividad sospechosa.

•    Consulte el anuncio denominadoFinCEN’s “Notice Related to the Coronavirus Disease 
2019” (COVID-19), que contiene información sobre la notificación de delitos relacionados
con el COVID-19  y recuerda a las instituciones financieras ciertas obligaciones estipulada
en la BSA.

Para obtener mas informacion

Las instituciones financieras deberían enviar sus preguntas o comentarios relativos al contenido
del presente Aviso a la Oficina de Apoyo Regulatorio (Regulatory Support Section) de la FinCEN,
escribiendo a    frc@fincen.gov.


FinCEN tiene como misión proteger el sistema financiero de un uso
ilícito, así como combatir el lavado de dinero y contribuir a la seguridad nacional mediante la recopilación, el análisis y la difusión de información de inteligencia financiera y el uso estratégico de sus facultades financieras.

FIN-2020-A002                         18 de mayo de 2020

Detectar, prevenir y notificar las estafas y las actividades ilícitas relacionadas con el COVID-19 es vital para nuestra seguridad nacional, así como para preservar las actividades de socorro legítimas y proteger a personas inocentes de todo daño.

Este aviso debería comunicarse a:
• Directores ejecutivos
• Directores de operaciones
• Jefes de las oficinas de cumplimiento
• Directores de riesgos
• Departamentos de ALD/BSA
• Departamentos jurídicos
• Departamentos de ciberseguridad
• Agentes de servicio al cliente
• Cajeros de banco


Este aviso debería comunicarse a:
• Directores ejecutivos
• Directores de operaciones
• Jefes de las oficinas de cumplimiento
• Directores de riesgos
• Departamentos de ALD/BSA
• Departamentos jurídicos
• Departamentos de ciberseguridad
• Agentes de servicio al cliente
• Cajeros de banco

La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) emite
este aviso para alertar a las instituciones financieras
sobre el aumento de las estafas médicas relacionadas
con la pandemia de COVID-19.  Este aviso contiene
descripciones de estafas de esa índole, estudios
de caso, señales de alerta e información sobre la
notificación de actividades sospechosas.1

Este es el primero de varios avisos que la FinCEN se propone publicar sobre delitos financieros relacionados con la pandemia de COVID-19. Los avisos se basan en el análisis que realiza la FinCEN de la información relacionada con el COVID-19 obtenida de informes públicos, datos proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario y colaboradores de agencias de la ley y el orden.  La FinCEN publicará análisis financieros e información de inteligencia, según proceda, para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar actividades ilícitas sospechosas. Además, la FinCEN ha ampliado provisionalmente su Programa de Respuesta Rápida, que ayuda a las instituciones financieras y agencias de la ley y el orden a recuperar fondos robados por medio de actividades fraudulentas, robo y otros delitos financieros relacionados con el COVID-19.
 
Si bien el presente aviso se centra en las estafas relacionadas con la actividad médica, las instituciones financieras deberían tener en cuenta que los agentes delictivos pueden emplear métodos fraudulentos similares con bienes o servicios no médicos. Muchas estafas relacionadas con el COVID-19 son semejantes a las que se observaban antes
de la pandemia y los agentes ilícitos han modificado sus esquemas para aprovecharse y beneficiarse de la pandemia
victimizando a personas y empresas inocentes.
2.    Para obtener información actualizada sobre las publicaciones de la FinCEN relacionadas con la COVID-19 visite el
sitio de actualizaciones sobre el coronavirus: https://www.fincen.gov/coronavirus.

Señales de alerta de actividades fraudulentas relacionadas con el COVID-19

Los datos proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), así como la información obtenida de otros organismos federales, socios de gobiernos extranjeros y fuentes públicas, indican posibles actividades ilícitas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en lo que respecta a: 1) remedios, pruebas, vacunas y servicios fraudulentos; 2) estafas de
incumplimiento de entrega; y 3) especulación de precios y acaparamiento de artículos médicos, como mascarillas y desinfectante para manos.  La FinCEN ha definido las siguientes señales de alerta para ayudar a las instituciones financieras a identificar estafas médicas relacionadas con el COVID-19
y también para ayudarlas a detectar, prevenir y notificar transacciones sospechosas asociadas a la
pandemia de dicha enfermedad.

Dado que ninguna alerta es por sí sola necesariamente un indicio de actividad ilícita o sospechosa, antes de determinar si una transacción es sospechosa o indicativa de actividad fraudulenta relacionada con el COVID-19 las instituciones financieras deberían tener en cuenta otras informaciones contextuales y los hechos y circunstancias conexos, como el historial de actividad financiera del cliente, si las transacciones se ajustan a las prácticas comerciales imperantes y si el cliente presenta múltiples indicadores.  En consonancia con el enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de la BSA, también se alienta a las instituciones financieras a realizar indagaciones e investigaciones adicionales cuando proceda.  Algunas de esas alertas son indicadores comunes de actividad comercial fraudulenta, practicada por operadores comerciales minoristas o mayoristas ficticios o falaces.  Además, algunas de las señales de alerta que se describen a continuación pueden aplicarse a múltiples actividades fraudulentas relacionadas con el COVID-19.


Fraudes relacionados  con la medicina,
incluyendo curas,  pruebas,  vacunas y  servicios fraudulentos

Varias agencias federales han detectado la oferta al público de remedios falsos, pruebas, vacunas
 
y servicios fraudulentos relacionados con el COVID-19.3
 
Entre los ejemplos de servicios médicos
 
fraudulentos se encuentran reclamos relacionados con presuntos remedios o vacunas para el COVID-19, reclamos relativos a productos que presuntamente desinfectan hogares o edificios y la distribución de pruebas de detección del COVID-19 fraudulentas o no autorizadas para realizar a


3. Véase el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) “Georgia resident arrested for selling illegal products claiming to protect against viruses” (9 de abril de 2020); el boletín informativo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos “ICE HSI arrests Georgia resident for selling illegal pesticide, claiming it protects against coronavirus” (14 de abril de 2020); el comunicado nacional de prensa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) “CBP Officers Seize Fake COVID-19 Test Kits at LAX” (14 de marzo de 2020); el comunicado de prensa de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos “FTC, FDA Send Warning Letters to Seven Companies about Unsupported Claims that Products Can Treat or Prevent Coronavirus” (9 de marzo de 2020); y los comunicados de prensa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) “FBI Warns of Emerging Health Care Fraud Schemes Related to COVID-19 Pandemic” (13 de abril de 2020)
y “FBI Warns Health Care Professionals of Increased Potential for Fraudulent Sales of COVID-19-Related Medical
Equipment” (27 de marzo de 2020).
 



domicilio. Es posible que algunas de esas estafas sean perpetradas por agentes ilícitos que hayan
creado recientemente empresas de suministros médicos no registradas o no autorizadas.  Algunas
señales de alerta relacionadas con esas estafas pueden ser las siguientes:

Las autoridades de los Estados Unidos, como la Comisión Federal del Comercio (FTC), la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o el Departamento de Justicia (DOJ), han
determinado que la empresa, el comerciante o los propietarios del negocio venden productos
fraudulentos.4

Una investigación en la web o el examen de anuncios indica que un comerciante está vendiendo
pruebas de diagnóstico para realizar a domicilio5, vacunas, tratamientos o remedios para el
COVID-19.

El cliente realiza transacciones con cuentas personales, o por intermedio de estas, relacionadas
con la venta de suministros médicos, lo que podría indicar que el vendedor es una empresa no
registrada o no autorizada o que está efectuando transacciones fraudulentas relacionadas con
cuestiones médicas.

El sitio web del cliente de la institución financiera presenta uno o varios motivos de sospecha,
entre ellos un nombre y una dirección electrónica similares a los de empresas reales conocidas,
poca presencia en internet, sede fuera de los Estados Unidos o la posibilidad de adquirir sin
receta médica productos farmacéuticos generalmente controlados.

Las imágenes de la marca del producto encontrado en un mercado en línea parecen ser
ligeramente diferentes a las del producto legítimo, lo que podría indicar que se trata de un
producto falsificado.

El comerciante publicita la venta de productos de alta demanda relacionados con la pandemia
del COVID-19 y las actividades de respuesta a precios extremadamente reducidos o
exorbitantes.

El comerciante solicita pago atípico para el tipo de transacción en cuestión o inhabitual con
respecto al modelo de comportamiento del sector. Por ejemplo, en vez de un pago con tarjeta de
crédito, el vendedor exige el uso de una tarjeta prepagada, una empresa de servicios monetarios,
una moneda virtual convertible o que el comprador envíe dinero a una jurisdicción de alto
riesgo mediante una transferencia electrónica de fondos.


4. Para consultar las listas actuales de cartas de advertencia y productos fraudulentos relacionados con el COVID-19 visite las páginas de la FDA: “Fraudulent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Products” y la FTC “FTC Coronavirus Warning Letters to Companies”. Para obtener información sobre medidas adoptadas por el DOJ con relación a la COVID-19 visite: “Coronavirus Fraud News”.
5. Al momento de publicación de este aviso, la FDA ha autorizado tres pruebas de diagnóstico para realizar a domicilio: la prueba “LabCorp COVID-19 RT-PCR”, la prueba desarrollada por el laboratorio molecular del Laboratorio de Genómica Clínica de Rutgers y el equipo de diagnóstico del COVID-19 “Test Home Collection” de Everlywell.
Véanse los siguientes boletines informativos de la FDA: “Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Test for Patient At-Home Sample Collection” (21 de abril de 2020); “Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Diagnostic Test Using At-Home Collection of Saliva Specimens” (8 de mayo de 2020); y “FDA Authorizes First Standalone At-Home Sample Collection Kit that can be used with Certain Authorized Tests” (16 de mayo de 2020).
 



Las instituciones financieras podrían detectar en las cuentas de sus clientes tendencias a tasas
elevadas de retornos y reembolsos, que en general podrían ser indicio de fraude comercial.

Estudio de caso: las autoridades estadounidenses toman medidas contra las pruebas de diagnóstico y
los tratamientos fraudulentos relacionados con el COVID-19.

Estafas por incumplimiento de entrega de artículos médicos

La pandemia del COVID-19 ha alterado el transporte a nivel mundial y ha generado una demanda imprevista y considerable de determinados productos, especialmente los relacionados con cuestiones médicas.  Esa demanda crea una situación por la que los delincuentes pueden estafar a consumidores y empresas mediante el incumplimiento de la entrega de los artículos.  En este tipo de estafas un cliente paga a una empresa por la compra de artículos que nunca recibirá.  Esas empresas ficticias publicitan equipos de diagnóstico, mascarillas, medicamentos y otros artículos que en ningún momento tienen la intención de entregar y, en algunos casos, ni siquiera poseen.  Entre las víctimas
de esas estafas se encuentran empresas, hospitales, gobiernos y consumidores incautos.  Esas transacciones fraudulentas se realizan por medio de sitios web, llamadas automáticas o en la red oscura.  Algunas de esas maniobras requieren la utilización de sociedades ficticias6  para facilitar las transacciones.  En su advertencia del 27 de marzo de 2020 dirigida al sector de atención de la salud, el FBI solicitó a la comunidad médica que actuara con la debida diligencia y la precaución adecuada al momento de tratar con proveedores desconocidos y al confiar en terceros intermediarios no
 
identificados en la cadena de suministros.7
ser los siguientes:
 
Algunos indicadores financieros de esas estafas pueden
 

El comerciante no parece tener una larga trayectoria empresarial (es decir, el negocio se
estableció en los últimos meses), carece de dirección postal o presencia física o no tiene un
número de identificación de empleador (EIN).  O cuando el comerciante tiene dirección, pero
existen discrepancias notables entre esta y los resultados de una búsqueda en los registros
públicos sobre la empresa o la dirección; cuando hay múltiples negocios en la misma dirección
o cuando el comerciante está ubicado en una jurisdicción de alto riesgo o una región que
normalmente no se asocia con el tipo de artículos que está vendiendo.

   Las búsquedas en bases de datos comerciales ponen de manifiesto que el registro del
comerciante contiene un nombre de empresa impreciso o inadecuado, múltiples nombres no
relacionados, una cantidad sospechosa de variaciones de nombres, múltiples nombres bajo los
cuales se hacen negocios (DBA) o no es congruente con su modelo empresarial.




6.    Se entiende por “sociedad ficticia” las empresas que no cotizan en bolsa o las sociedades de responsabilidad
limitada (SRL) que no tienen otra presencia física que una dirección postal y generan poco o ningún valor económico
independiente. Véanse las orientaciones de la FinCEN FIN-2006-G014 “Potential Money Laundering Risks Related
to Shell Companies” (noviembre de 2006); y el estudio de los reportes de actividades sospechosas (SAR): Edición 1
(octubre de 2000), Edición 2 (junio de 2001) y Edición 7 (agosto de 2004).
7.    Véase el comunicado de prensa del FBI “FBI Warns Health Care Professionals of Increased Potential for Fraudulent
Sales of COVID-19-Related Medical Equipment” (27 de marzo de 2020).
 



   Los comerciantes se muestran renuentes a proporcionar al cliente o a la institución financiera
que tramita las transacciones con facturas u otro tipo de documentación que respalde el
propósito declarado de los pagos relacionados con la actividad comercial.

   La institución financiera no comprende el modelo de negocios del comerciante y tiene dificultad
para establecer la verdadera naturaleza de la empresa y sus operaciones.

   El comerciante no está en condiciones de proporcionar un número de rastreo de envío al cliente
ni pruebas del envío a la institución financiera para que pueda tramitar las transacciones
financieras conexas.

   El comerciante afirma haber sufrido varios retrasos sospechosos y de último momento en el envío o la recepción de los productos.  Por ejemplo, el comerciante afirma que el equipo fue
incautado en el puerto o por las autoridades, que la dirección de aduanas no ha liberado el envío o que este se encuentra retrasado en un buque, pero no es capaz de proporcionar al cliente o a su institución financiera ningún otro tipo de información sobre el buque.

   El comerciante no puede explicar la procedencia de los productos o de qué manera adquirió suministros al por mayor de artículos en alta demanda relacionados con la pandemia de
COVID-19.

   El gobierno nacional o gobiernos extranjeros han determinado que el comerciante o los propietarios o fundadores del comercio están vinculados a actividades fraudulentas y delictivas.

   Una cuenta abierta recientemente recibe un importante giro bancario que el titular de la cuenta omitió mencionar durante el proceso de apertura.

Estudio de caso: una institución financiera del estado de Virginia alertó al Servicio Secreto de los
Estados Unidos (USSS) y ayudó con éxito a impedir una estafa de incumplimiento de entrega por un
monto de US $317 millones.


Especulación de precios y acaparamiento de artículos médicos

La FinCEN y el Departamento de Justicia (DOJ) han recibido numerosos informes sobre presuntos acaparamientos y la especulación de precios relacionados con la pandemia de COVID-19.  El
24 de marzo de 2020, el DOJ creó un grupo de trabajo sobre acaparamiento y la especulación de precios para abordar la manipulación, el acaparamiento y la especulación los precios del mercado relacionados con la COVID-19. Según el DOJ, el acaparamiento y la especulación de precios se definen como el acto por parte de cualquier persona o empresa de acumular cantidades desmesuradas de cualquiera de esos materiales para uso personal o con el fin de venderlos a importes que superan con creces los precios vigentes en el mercado8.  En muchos casos las personas han vendido excedentes o envíos de mercancía al por mayor recién adquiridos, como mascarillas, guantes desechables, alcohol isopropílico, desinfectantes, desinfectante para manos, papel higiénico


8.    Véase el artículo del DOJ “Department of Justice COVID-19 Hoarding and Price Gouging Task Force” (24 de marzo
de 2020).
 



y otros productos de papel a precios exorbitantes debido a la pandemia de COVID-19.  Los métodos
de pago varían según la estrategia y pueden incluir el uso de tarjetas prepagas, empresas de servicios
monetarios, transacciones con tarjeta de crédito, giros bancarios o transferencias electrónicas de
fondos.  El 23 de marzo de 2020, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 13910, de conformidad
con la sección 102 de la Ley de Defensa de la Producción, que prohíbe el acaparamiento de los
artículos designados9.  Algunos indicadores financieros de esas estafas pueden ser los siguientes:

   Además de utilizar cuentas personales con fines comerciales (véase el indicador número 3
arriba), un cliente comienza a utilizar sus cuentas personales para transacciones comerciales
después de enero de 2020 y crea una empresa de suministros médicos o vende en línea productos
relacionados con el COVID-19 de alta demanda, como desinfectante para manos, papel higiénico,
mascarillas y productos de limpieza antivirales o desinfectantes.

   El cliente comienza a utilizar servicios monetarios o cuentas bancarias de manera diferente.
Por ejemplo, antes de enero de 2020 el cliente nunca había vinculado su cuenta con la venta de
productos por internet. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia de COVID-19 el cliente
recibe depósitos con mensajes de pago que indican que la transacción se debe a la venta en línea
de productos médicos, desinfectantes, antisépticos y productos de papel.

   En las cuentas del cliente figuran transferencias electrónicas de entrada y salida de fondos hacia
empresas recién constituidas y desde ellas, cuya presencia física o virtual se desconoce.

   La cuenta del cliente se utiliza para realizar transacciones de productos relacionados con el
COVID-19, como mascarillas y guantes, con una empresa que no es distribuidora de insumos
médicos; está involucrada en otros sectores no relacionados con la medicina o se desconoce su
reconversión para la fabricación de productos médicos.  Por ejemplo, actualmente la empresa
vende productos médicos y sanitarios y antes de enero de 2020 estaba registrada como tienda de
automóviles, aserradero o restaurante.

   El cliente realiza depósitos inusualmente cuantiosos que no son congruentes con su perfil o el historial de su cuenta.  Tras una investigación más profunda, o una búsqueda en fuentes de
información de dominio público, el cliente declara o se establece que está vendiendo productos relacionados con el COVID-19 que no solía vender.

Estudio de caso: el FBI arresta a un hombre de Brooklyn por posesión y venta de equipo médico
limitado.




9. Véase la Orden Ejecutiva 13910 “Executive Order on Preventing Hoarding of Health and Medical Resources to Respond to the Spread of COVID-19” (23 de marzo de 2020). La Orden Ejecutiva no define el acaparamiento; delega atribuciones al Secretario de Salud y Servicios Humanos para prevenir el acaparamiento y designar materiales cuyo suministro
se vería amenazado por personas que acumulan el material ya sea en exceso con respecto a las demandas razonables de consumo comercial, personal o doméstico, o con el propósito de revenderlo a importes que superan con creces los precios vigentes en el mercado. Además, el Fiscal General de los Estados Unidos indicó que el Departamento investigará y enjuiciará a quienes adquieran insumos médicos en exceso con respecto a lo que utilizarían razonablemente o
con el fin de cobrar precios exorbitantes a los trabajadores de la salud y los hospitales que los necesitan. Véase DOJ, “Department of Justice COVID-19 Hoarding and Price Gouging Task Force” (24 de marzo de 2020).
 


Estudios de casos10


Fraudes relacionados con la medicina, incluyendo curas,  pruebas,
vacunas y  servicios fraudulentos11


Las autoridades estadounidenses toman medidas contra las pruebas de diagnóstico y los tratamientos fraudulentos relacionados con el COVID-19.

El 12 de marzo de 2020, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
de los Estados Unidos interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
un paquete que contenía pruebas de diagnóstico del  COVID-19 falsificadas o fraudulentas
provenientes del Reino Unido.  Los funcionarios encontraron seis bolsas de plástico con diversos
viales rotulados como “Purified Water Vials,” (viales de agua purificada) y rellenos de un
líquido blanco etiquetado como “Corona Virus 2019nconv (COVID-19)” y “Virus1 Test Kit”12.  La
incautación dio lugar a una investigación conjunta entre los Estados Unidos y el Reino Unido, así
como otros decomisos13.

En otro caso, el DOJ acusó y arrestó a un ciudadano del Reino Unido por enviar desde ese país a California y Utah medicamentos etiquetados erróneamente que presuntamente eran tratamiento para el COVID-19.  En esa maniobra el estafador creó paquetes rotulados como equipos de “Trinity COVID-19 SARS Antipathogenic Treatment” (tratamiento antipatógeno Trinity,
COVID-19, SARS), si bien esos equipos no habían sido aprobados por la FDA para tratar el COVID-19, ni para ningún otro uso.  Este caso fue objeto de investigación conjunta por la Oficina de Investigación Penal de la FDA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, con la
asistencia de la CBP y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos14.


10.  Véase la publicación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses” (mayo de 2020), en la que se determinan los desafíos, las buenas prácticas y las intervenciones de política de los países del GAFI respecto de las amenazas y las vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de la pandemia de COVID-19.
11.  Entre las medidas adoptadas por las agencias de ley y orden de los Estados Unidos se encuentran arrestos relacionados con el COVID-19 realizados por socios de las agencias de ley y orden del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (Centro de IPR). Esos arrestos guardaron relación con el envío de “tratamientos” no aprobados y etiquetados erróneamente para pacientes que padecen el COVID-19. Véanse en la Sala de Prensa del Centro de IPR el comunicado de prensa del DOJ “U.K. National Charged with Shipping Mislabeled and Unapproved ‘Treatments’ for Patients Suffering from COVID-19” (1 de abril de 2020) y el del FDA “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. En una operación de una semana realizada entre el 3 y 10 de marzo de 2020, INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y Europol, en colaboración con los Estados Unidos y otros socios, incautaron más de 37.000 dispositivos médicos falsificados, mascarillas quirúrgicas falsificadas y productos farmacéuticos ilícitos, y detectaron más de 2.000 sitios web con publicidad falsa y mercados en línea que vendían productos falsificados. Véanse las noticias de INTERPOL “Global operation sees a rise in fake medical products related to COVID-19” (19 de marzo de 2020) y el artículo “COVID-19
Urgent Notice: counterfeit medical supplies and introduction of export controls on personal protective equipment” en la sala de prensa de la OMA (23 de marzo de 2020).
12.  Véase el comunicado nacional de prensa de la CBP “CBP Officers Seize Fake COVID-19 Test Kits at LAX”
(14 de marzo de 2020).
13.  Véase el artículo “COVID-19 Urgent Notice: counterfeit medical supplies and introduction of export controls on personal protective equipment” en la sala de prensa de la OMA (23 de marzo de 2020).
14.  Véase el comunicado de prensa del DOJ “U.K. National Charged with Shipping Mislabeled and Unapproved
‘Treatments’ for Patients Suffering from COVID-19” (1 de abril de 2020).
 


Estafas de incumplimiento de entrega de artículos médico


Una institución financiera del estado de Virginia alertó al Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) y ayudó exitosamente a impedir una estafa de incumplimiento de entrega por un monto de US $317 millones.

Un gobierno extranjero contactó a un bufete jurídico confiable de Nueva York solicitando ayuda
para adquirir entre 30 y 50 millones de mascarillas N95 para el departamento de policía nacional del
país extranjero.  El bufete de abogados por su parte contactó a una sociedad de comercialización de
atención médica y telemedicina (Sociedad A) que, a su vez, se puso en contacto con la Sociedad B, que
presuntamente representaba a un “conglomerado de médicos” que habían comprado millones de
mascarillas.  La Sociedad B suministró a la Sociedad A contratos en los que se alegaba falsamente que
la Sociedad B tenía 50 millones de máscaras almacenadas en Houston (Texas) y se solicitaba un pago
de US $317 millones a depositar en una cuenta de garantía bloqueada.

A fin de ejecutar las transacciones el gobierno del país extranjero envió US $317 millones a Nueva York para su ulterior transferencia a la cuenta de la Sociedad A en una institución financiera en Virginia.
Esta institución financiera comenzó a tener sospechas, ya que la cuenta de la Sociedad A se había abierto solo el día anterior y su titular nunca mencionó a la institución financiera que estaba esperando un giro por un monto de US $317 millones. La institución financiera de Virginia contactó al USSS.

El USSS examinó los datos proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario y entrevistó al titular de la cuenta de la Sociedad A.  La investigación puso de manifiesto que, si bien la Sociedad A tenía sospechas acerca de la Sociedad B, la Sociedad A parecía ser una víctima contratada como “intermediario” para llevar a cabo la estafa de incumplimiento de entrega por un monto de US
$317 millones.  El USSS entrevistó al director general de la Sociedad B, quien admitió no contar con mascarillas y no haber poseído jamás 50 millones de ejemplares de ese artículo.

Especulación de precios y acaparamiento de artículos médicos

El FBI arresta a un hombre en Brooklyn por posesión y venta de equipo médico limitado.

El 30 de marzo de 2020, agentes del FBI arrestaron a un residente de Brooklyn (Nueva York) por haber hecho falsas declaraciones acerca del acaparamiento y la venta de mascarillas quirúrgicas, batas médicas y otros insumos médicos15.

La persona presuntamente vendió a médicos y enfermeros ciertos materiales designados, como los respiradores N95, a precios exorbitantes.  En una ocasión, un médico de Nueva Jersey contactó a esta persona por medio de un grupo de conversación en WhatsApp denominado “¡Virus2020!”.  La persona acordó vender al médico aproximadamente 1.000 mascarillas N95 y otros artículos variados por una suma de US $12.000, lo que representa un aumento del precio en aproximadamente un 700% con respecto al precio normal de esos materiales.  La persona envió al médico a un taller de reparación de automóviles
en Irvington (New Jersey) para que recogiera el pedido. Según el médico, en el taller había suficientes insumos, entre ellos desinfectantes para manos, productos desinfectantes, productos químicos de limpieza y suministros quirúrgicos, para abastecer a todo un hospital.  En otra ocasión, la persona presuntamente ofreció vender batas quirúrgicas a una enfermera, a quién envió a su residencia en Brooklyn.


15.  Véase el comunicado de prensa del DOJ “Brooklyn Man Arrested for Assaulting FBI Agents and Making False
Statements About His Possession and Sale of Scarce Medical Equipment” (30 de marzo de 2020).
 


Información sobre la notificación de actividades sospechosas


Instrucciones para presentar Reportes de Actividades Sospechosas
(SAR por sus siglas en inglés)

La presentación de Reportes de Actividades Sospechosas (SAR por sus siglas en inglés), junto con el cumplimiento eficaz por parte de las instituciones financieras de los requisitos de debida diligencia, es fundamental para detectar posibles delitos financieros relacionados con la pandemia del COVID-19, así como fraudes y delitos financieros no conexos relacionados con la corrupción política nacional y extranjera, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras clases de financiamiento ilícito. Las instituciones financieras deberían proporcionar toda la información disponible pertinente en el formulario y la narrativa del SAR.  La observancia de las instrucciones
que figuran a continuación mejorará la capacidad de la FinCEN y de las agencias de ley y orden para identificar adecuadamente los SAR y la información procesable y extraerlos de los sistemas Query de la FinCEN con miras a respaldar casos relacionados con el COVID-19.

•    La FinCEN solicita a las instituciones financieras que citen este aviso incluyendo la expresión
clave: “COVID19 FIN-2020-A002” en el campo 2 del SAR (nota de la institución depositaria
a la FinCEN) y la narrativa para indicar el vínculo entre la actividad sospechosa que se está
notificando y las actividades destacadas en el presente aviso.

• Las instituciones financieras también deberían seleccionar el campo 34(z) del SAR (Fraude-otro) como el tipo de actividad sospechosa conexo para indicar un vínculo entre la actividad sospechosa que se está notificando y el COVID-19.  Dichas instituciones deberían incluir en el campo 34(z)
del SAR el tipo de fraude o el nombre de la estafa o producto (por ejemplo, Fraude de producto:
estafa de incumplimiento de entrega).

• Consulte el anuncio de la FinCEN relacionado con la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) May 18 Notice Related to COVID-19, que contiene información sobre la notificación de delitos relacionados con la COVID-19  y recuerda a las instituciones financieras ciertas obligaciones estipuladas en la BSA.



Para obtener más información

Sírvase dirigir preguntas o comentarios relativos al contenido del presente aviso a la Sección de apoyo regulatorio (Regulatory Support Section) de la FinCEN a frc@fincen.gov.



FinCEN tiene como misión proteger al sistema financiero de un uso ilícito, así como combatir el lavado de dinero y contribuir a la seguridad nacional mediante la recopilación, análisis y difusión de información de inteligencia financiera, y el uso estratégico de sus facultades financieras.

On behalf of FIBA, the Florida International Bankers Association, our Board of Directors and members, we would like to express our deepest condolences to the family of a dear friend to our organization, Gwen Margolis, former Florida Senate President who passed away June 09^th 2020 at the age of 85.

Gwen was the first woman Senate President in our state’s history, pioneer and a leader. Gwen´s absence is one to be felt.

We remember Gwen, together with former State Representative Elaine Bloom, and others, as a supporter of our core mission, promoting International Banking in the state of Florida. She was a dear friend to FIBA and many of our Directors and members. On more than one occasion during her days in the state legislature, Gwen was a guest speaker to our membership community during our gatherings; what a privilege to hear her speak. Her passion for breaking barriers and challenging the status quo made her an unforgettable and remarkable human being. 

We will always cherish a resolution Gwen signed in 1991 as President of the Senate regarding International Days where the efforts of our organization were recognized. This document has been included in the first edition of our FIBA-Leading the Way History book published in 2004.

Gwen was a restless public servant and contributor to the great State of Florida. An inspiring role model and game changer. Her friendship and warm smile will be missed. Our heartfelt condolences go to her entire family.

Rest in Peace, Gwen.

Federal Reserve Takes Actions to Provide Over $2
Trillion in Liquidity to U.S. Credit Markets, Including the Launch of its Main Street Lending Program

On April 9, 2020, in further response to the economic effects of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, the Board of Governors of the Federal Reserve System (the Federal Reserve) took actions to pump an additional $2.3 trillion in liquidity into the U.S. credit and capital markets.  According to the Federal Reserve, this new $2.3 trillion – which complements the $849 billion in funding authorized by
the U.S. Congress under Titles I and IV of the CARES Act -- “will assist households and employers of all sizes and bolster the ability of state and local governments to deliver critical services during the coronavirus pandemic.”

The Federal Reserve’s actions are intended “to support employers of all sizes and communities across the country” and will be implemented as follows:

The Main Street Lending Program. The Federal Reserve has authorized a facility to support the Main Street Lending Program (MSLP) created under Title IV of the Cares Act.  Through its Main Street New Loan Facility (New Loan Facility) and its Main Street Expanded Loan Facility (Expanded Facility), the Federal Reserve will purchase up to a combined $600 billion in qualifying loans.  The U.S. Department of the Treasury (Treasury) will inject $75 billion in cash into the MSLP from its funding
 



authorizations under the CARES Act.  On April 9, 2020, the Federal Reserve published term sheets for the New Loan Facility and the Expanded Facility and noted that the Federal Reserve and Treasury may publish adjustments to the terms and conditions presented in the term sheets. The Federal Reserve stated that the MSLP “is being finalized,” and, as such, seeks “input from lenders, borrowers, and other stakeholders...”  Comments are due April 16, 2020, and may be submitted here on the Federal Reserve website.

The key difference between the programs is that the New Loan Facility allows for new incurrences of loans up to the lesser of (a) $25 million and (b) 4.00x total leverage, whereas the Expanded Facility allows for an upsized tranche added to pre-existing loans (i.e., loans that were in existence prior to April 8, 2020), but with a larger maximum loan amount equal to the lesser of (a) $150 million, (b) 30% of the Borrower’s total debt (inclusive of undrawn commitments), and (c) 6.00x total leverage.  Note that for purposes of these calculations, the term sheets state that total leverage is based on “EBITDA” as opposed to adjusted EBITDA. In addition, the New Loan Facility is intended to be an unsecured loan, while the Expanded Facility is required to be secured on a pro rata basis with the existing loan, if the original loan was secured or collateral was received at the time of the upsizing.

•    Eligible Lenders. Institutions that may lend under the MSLP are limited to U.S.-insured depository institutions (i.e, banks, thrifts, and credit unions), bank holding companies, and savings and loan holding companies only.

•    Eligible Borrowers. Eligible borrowers under the MSLP are businesses that: (i) were in good financial standing before the COVID-19 crisis; and (ii) employ up to 10,000 workers or have 2019 annual revenues of less than $2.5 billion. Each eligible borrower must be a business that is created or organized in the United States or under the laws of the United States with “significant operations in and a majority of its employees based in the United States.”  Borrowers that participate in the New Loan Facility (for loans originated on or after April 8, 2020) may not also participate in the Expanded Facility (for upsizing loans originated before April 8, 2020), and no participant in the MSLP may participate in the Primary Market Corporate Credit Facility (defined below).  However, eligible borrowers under the MSLP that have borrowed a Small Business Administration Payment Protection Program (PPP) loan may also borrow a MSLP loan.

•    Basic Terms. Under the New Loan Facility: (i) have a minimum loan size of $1 million; (ii) have a maximum loan size equal to the lesser of (x) $25 million and (y) an amount that, when added to the borrower’s existing and committed but undrawn debt, does not exceed four times the borrower’s 2019
EBITDA; (iii) carry an adjustable rate equal to SOFR plus a margin between 250 to 400 basis points; (iv) have a 4-year term; (v) permit deferral for one year of the amortization of all principal and interest amortization payments; and (vi) permit prepayments without penalty or premium.

Under the Expanded Facility: (i) have a minimum loan size of $1 million; (ii) have a maximum loan size equal to the least of (x) $150 million, (y) 30% of the borrower’s existing outstanding and committed but undrawn bank debt, and (z) an amount that, when added to the borrower’s existing and committed but undrawn debt, does not exceed six times the borrower’s 2019 EBITDA; (iii) carry an adjustable rate equal to SOFR plus a margin between 250 to 400 basis points; (iv) have a 4-year term; (v) permit deferral for one year of the amortization of all principal and interest payments; and (vi) permit prepayments without penalty or premium.  Note that any collateral securing an eligible loan, whether pledged under the original terms of the loan or in connection with the upsizing, shall secure the Expanded Facility’s loan participation on a pro rata basis.
 



•    Funding. Eligible lenders under the MSLP may originate new loans or use the Expanded Facility to increase the size of existing loans to businesses.  The Federal Reserve, through a special purpose vehicle (SPV) established by one of the Federal Reserve Banks, will purchase a 95% participation interest in MSLP loans while the lender financial institution will retain a 5% interest in the loan.

•    Participation Fee. With respect to the New Loan Facility, eligible lenders will pay the SPV a facility fee equal to 100 basis points of the principal amount of the loan participation purchased by the SPV. The lender may require the borrower to pay this fee.

•    Origination Fee. In addition, the borrower will pay the eligible lender an origination fee of 100 basis points of the principal amount of a new loan or the principal amount of the upsized tranche of an increased loan.

•    Loan Servicing Fee. The SPV will pay the eligible lender a fee of 25 basis points per annum on the principal amount of its participation in the new loan or upsized tranche, as applicable, for loan servicing.

•    Facility Termination. The SPV will cease purchasing participations in MSLP loans on September 30,
2020, unless the Federal Reserve and Treasury extend the MSLP. The Reserve Bank will continue to
fund the SPV after such date until the SPV’s underlying assets mature or are sold.

•    Borrower Commitments and Covenants. Each eligible borrower seeking a MSLP loan must commit not to use the MSLP proceeds to repay other loan balances and to refrain from paying other debt of equal or lower priority, with the exception of mandatory principal payments, until the MSLP loan is repaid in full.

•    Lender and Borrower Attestations. In addition to certifications required under applicable law and regulation, the following attestations will be required for each MSLP loan:

–    The lender must attest that the proceeds of the MSLP loan will not be used to repay or refinance pre-existing loans or lines of credit made by the lender to the borrower, including, with respect to the Expanded Facility, the pre-existing portion of the eligible loan.
–    The lender must attest that it will not cancel or reduce any existing lines of credit outstanding to the borrower.
–    The borrower must attest that it will not seek to cancel or reduce any of its outstanding lines of credit with the lender or any other lender.
–    The borrower must attest that it requires financing due to the exigent circumstances presented by the COVID-19 pandemic, and that, using the proceeds of the loan, it will make “reasonable efforts” to maintain its payroll and retain its employees during the term of the loan.
–    The eligible borrower must attest that it meets the applicable total leverage ratio condition (for maximum loan size determination purposes).
–    The eligible borrower must also attest that:

–    For a period of 12 months after the MSLP loan is repaid, it will not pay dividends on its common stock and, if its common stock or the common stock of its parent is listed on a national securities exchange, it will not repurchase any such common stock; and
–    It will comply with the compensation limits on employees with a total compensation in excess of $425,000 in fiscal year 2019 and $3,000,000 in fiscal year 2019 imposed by Section 4004 of the CARES Act.
 



–    Eligible lenders and eligible borrowers will each be required to certify that the entity is eligible to participate in the MSLP, including in light of the conflicts of interest prohibition in section 4019(b) of the CARES Act.
Expanded Primary and Secondary Market Corporate Credit Facility; Expanded TALF. The Federal Reserve announced that it is expanding the size and scope of the Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) and the Secondary Market Corporate Credit Facilities (SMCCF), as well as the Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF). We first described these programs in a previous GT Alert. These three programs will now support up to $850 billion in credit backed by $85 billion in credit protection provided by the Treasury.  In addition, the Federal Reserve will broaden the range of assets that are eligible collateral for TALF.  TALF-eligible collateral will now include the AAA-rated tranches of both outstanding commercial mortgage-backed securities and newly issued collateralized loan obligations. The size of the facility will remain $100 billion, and TALF will continue to support the issuance of asset-backed securities that fund a wide range of lending, including student loans, auto loans, and credit card loans.

Municipal Liquidity Facility.  To assist state and local governments, the Federal Reserve has launched a Municipal Liquidity Facility (MLF) that will offer up to $500 billion in lending to these entities to facilitate management of stress on cash flow resulting from the pandemic.  Treasury will provide $35 billion of credit protection to the Federal Reserve for the MLF using CARES Act funding authority.  The MLF will purchase up to $500 billion of short term notes directly from U.S. states (and the District of Columbia), U.S. counties with a population of at least two million residents, and U.S. cities with a population of at least one million residents. Eligible state-level issuers may use the proceeds to support additional counties and cities.

Paycheck Protection Program Facility. The Federal Reserve will provide term financing to financial institutions participating in the Small Business Administration's PPP.  This Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF) will extend credit to eligible financial institutions that originate PPP loans, taking the loans as collateral.

For more information and updates on the developing COVID-19 situation, visit GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.

Authors

This GT Alert was prepared by:

•    Lee Ann Anderson | +1 202.331.3128 | andersonle@gtlaw.com

•    Carl A. Fornaris | +1 305.579.0626 | fornarisc@gtlaw.com

•    Barbara A. Jones | +1 310.586.7773 | jonesb@gtlaw.com

•    Richard C. Kim | +1 212.801.6421 | kimri@gtlaw.com


*Special thanks to Shari L. Heyen (heyens@gtlaw.com) and David B. Kurzweil (kurzweild@gtlaw.com) for their assistance with this Alert.

Albany. Amsterdam. Atlanta. Austin. Boca Raton. Boston. Chicago. Dallas. Delaware. Denver. Fort Lauderdale. Germany.¬ Houston. Las Vegas. London.*  Los Angeles. Mexico City.+ Miami. Milan.»  Minneapolis. Nashville. New Jersey. New York. Northern Virginia. Orange County. Orlando. Philadelphia. Phoenix. Sacramento. San Francisco. Seoul.∞  Shanghai. Silicon Valley. Tallahassee. Tampa. Tel Aviv.^  Tokyo.¤  Warsaw.~  Washington, D.C.. West Palm Beach. Westchester County.

Zoom Bombing - Uninvited Guests are Joining Your Video Conference
During the COVID-19 pandemic, many companies, schools, and other organizations have migrated personnel and students to remote work and education. This led to a surge in usage of video conferencing tools such as Zoom. Zoom is a popular video conferencing platform that is used to conduct online meetings, classes, and virtual meetups. It is available for computers as well as mobile devices. Many organizations and individuals now rely on Zoom and other platforms on a daily basis.

At the same time, a new wave of cybercrime has emerged. Zoom and other video conferencing tools have recently become targets of many cybercriminals and internet trolls, who are taking advantage of the surge in Zoom users to cause chaos as well as compromise users and organizations. Zoom users such as schools and businesses alike are being targeted in these ongoing attacks. Tools are emerging on underground cybercriminal forums for validating stolen Zoom credentials and capturing data from compromised accounts.


On online message boards, Internet trolls and other actors have been organizing operations to disrupt Zoom. While the majority of these attacks are simply for the entertainment of the attackers, companies and organizations should be conscious of the fact that sensitive information may be at risk of compromise during video conference meetings. Taking the necessary precautions and securing Zoom meetings should be a high priority during these times.


Targeting Zoom Accounts
Online underground marketplaces and cracking forums commonly host tools and configuration files used to generate stolen credentials for various websites and online services. A popular tactic with cybercriminals is called credential stuffing, which involves the use of automated tools to generate large-scale login requests directed against a specific web application with lists of stolen account credentials.
 
Credential stuffing attacks targeting Zoom accounts are on the rise. For example, on April 1st, 2020 a threat actor on a popular underground cracking forum posted a configuration for the credential stuffing tool OpenBullet that checks the validity of Zoom credentials. The user posted a brief description of the configuration file as well as a screenshot and download links.

Over the past few days we have also observed an increase in the number of compromised Zoom account credentials posted on underground forums. Most are sharing these accounts free of charge. The ensuing discussions primarily center on trolling meetings and ‘Zoom Bombing’ online classrooms.

Video Conference Hijacking
Internet trolls and other rogue actors have organized to cause chaos in Zoom meetings, engaging in disruptive activity such as sharing explicit or inappropriate content, taunting meeting participants, and other interruptions. Schools have been targeted as students often publicly post meeting IDs and passwords or even the direct Zoom links for their online courses. However, it is important for corporations to consider that rogue actors may be interested in more than just trolling or causing disruption – they may be after sensitive corporate information and corporate espionage. This activity has now been coined “Zoom Bombing”, and a public statement has been made by the FBI regarding teleconferencing and online classroom hijacking.


Recommendations
Simple security practices can be implemented to reduce the risk of falling victim to video conference hijacking. Organizations should educate their employees on the risks of exposing meeting links and IDs, as well as implementing strong password policies. In its statement, the FBI shared the following recommendations:

• Do not make meetings or classrooms public. In Zoom, there are two options to make a meeting private: require a meeting password or use the waiting room feature and control the admittance of guests.
• Do not share a link to a teleconference or classroom on an unrestricted publicly available social media post. Provide the link directly to specific people.
• Manage screensharing options. In Zoom, change screensharing to “Host Only.”
• Ensure users are using the updated version of remote access/meeting applications. In January 2020, Zoom updated its software, added passwords by default for meetings, and disabled the ability to randomly scan for meetings to join.

Additionally, on the official Zoom website users can find resources and suggestions related to meeting security.

Introduction
Business owners’ access to areas under a curfew is guided by the Miami-Dade County Protective Measures Plan. This plan establishes guidelines that are followed by Miami- Dade County departments and municipalities in coordinating and managing the re-entry to affected areas.

Access to businesses in an affected areas are based on the needs of businesses to restock their supplies and return to normal operations as soon as possible. This guidance document offers resources and tips on maintaining access during and following an emergency and/or disaster.

Enforcement of Business Access
The imposition of curfews or the closing of certain types of businesses in Miami-Dade County is embodied in Miami-Dade County Ordinance 8B and Florida Statute 252. These ordinances empower the County Mayor to establish a curfew. Law Enforcement (County and Municipal) is responsible for enforcing the curfew. In order to accomplish this task the following actions may be taken:
• Facilitation of restricted entry
• Establishing guidelines for permitting workers restricted entry from the critical private sector, critical public sector, and tourist and visitors sector
• Establishing locations of restricted entry points

Restricted Entry Credentials
Business owners are encouraged by ESF 18 (Business & Industry) to provide their employees with the following prior to a disaster:
• Business photo identification
• A letter from their employer stating that they are an essential employee
• A letter to their vendors stating that they need access to the area for deliveries or services. For example, banks may need to have an agency remove money if a branch cannot reopen.

ESF 18 (Business & Industry) recommends that if private sector partners are stopped by law enforcement they should abide by the following recommendations:
• Be courteous and truthful to the police officer at all times.
• If the police officer refuses to let them pass don’t argue with him/her, just follow their directions and contact your employer.
• Have all their necessary documentation, such as:
   o Driver’s License
   o Proof of Registration
   o Insurance Card
   o Company ID and Essential Employee Letter

Company Photo Identification Guidance
The Miami-Dade County Office of Emergency Management recommends that business photo identification contains the following minimum information:
• Photo of the employee
• Business logo
• The employee’s name and title
• Expiration date

Essential Employee Letter
This letter should contain the following basic information:
• Businesses Logo, name, location and general contact information
• Employee’s name and contact information
• Employee’s title and basic job responsibilities
• Expiration date for the letter
• Manager’s name, title and contact information and/or 24-hour contact to verify the letter’s content

Additional Resources

Miami-Dade County Office of Emergency Management https://www.miamidade.gov/global/emergency/home.page

State of Florida Private Sector Re-Entry Program Website https://floridadisaster.org/business/statewide-private-sector-re-entry-program/

Florida Department of Economic Opportunity http://www.floridajobs.org/

Small Business Administration Disaster Assistance Programs https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance

Federal Emergency Management Agency, National Business Emergency Operations Center
https://www.fema.gov/nbeoc

NOW, THEREFORE, I, RON DESANTIS, as Governor of Florida, by virtue of the authority vested in me by Article IV, Section (l)(a) of the Florida Constitution, Chapter 252 of 
the Florida Statutes, and all other applicable laws, promulgate the following Executive Order to take immediate effect:
Section 1. Effective April 3, 2020, the assessment and collection of taxation imposed under Chapter 201, Florida Statutes, is suspended for all notes and other written obligations made pursuant to Title I of the CARES Act. The Department of Revenue shall issue an emergency order establishing that taxation imposed under Chapter 201, Florida Statutes, for notes and other written obligations made pursuant to Title I of the CARES Act is not owed as a result of the above suspension.
Section 2. This directive shall remain in effect until the expiration of Executive Order 20-52, including any extensions.

PAYCHECK PROTECTION PROGRAM LOANS

Frequently Asked Questions (FAQs)

The Small Business Administration (SBA), in consultation with the Department of the Treasury, intends to provide timely additional guidance to address borrower and lender questions concerning the implementation of the Paycheck Protection Program (PPP), established by section 1102 of the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act or the Act). This document will be updated on a regular basis.

Borrowers and lenders may rely on the guidance provided in this document as SBA’s interpretation of the CARES Act and of the Paycheck Protection Program Interim Final Rule (“PPP Interim Final Rule”) (link). The U.S. government will not challenge lender PPP actions that conform to this guidance,1 and to the PPP Interim Final Rule and any subsequent rulemaking in effect at the time.

1.       Question:  Paragraph 3.b.iii of the Paycheck Protection Program Interim Final Rule states that lenders must “[c]onfirm the dollar amount of average monthly payroll costs for the preceding calendar year by reviewing the payroll documentation submitted with the borrower’s application.” Does that require that the lender replicate every borrower’s calculations?

Answer: No. Providing an accurate calculation of payroll costs is the responsibility of the borrower, and the borrower must attest to the accuracy of those calculations. Lenders are expected to perform a good faith review, in a reasonable time, of the borrower’s calculations and supporting documents concerning average monthly payroll cost. The level of diligence by a lender should be informed by the quality of supporting documents supplied by the borrower. Minimal review of calculations based on a payroll report by a recognized third-party payroll processor, for example, would be reasonable.

If lenders identify errors in the borrower’s calculation or material lack of substantiation in the borrower’s supporting documents, the lender should work with the borrower to remedy the error.

2.       Question: Are small business concerns (as defined in section 3 of the Small Business Act, 15 U.S.C. 632) required to have 500 or fewer employees to be eligible borrowers in the PPP?

Answer: No. Small business concerns can be eligible borrowers even if they have more than 500 employees, as long as they satisfy the existing statutory and regulatory definition of a “small business concern” under section 3 of the Small Business Act, 15

U.S.C. 632. A business can qualify if it meets the SBA employee-based or revenue-based size standard corresponding to its primary industry. Go to www.sba.gov/size for the industry size standards.

Additionally, a business can qualify for the Paycheck Protection Program as a small business concern if it met both tests in SBA’s “alternative size standard” as of March 27, 2020: (1) maximum tangible net worth of the business is not more than $15 million; and

(2) the average net income after Federal income taxes (excluding any carry-over losses) of the business for the two full fiscal years before the date of the application is not more than $5 million.

A business that qualifies as a small business concern under section 3 of the Small Business Act, 15 U.S.C. 632, may truthfully attest to its eligibility for PPP loans on the Borrower Application Form, unless otherwise ineligible.

3.       Question: Does my business have to qualify as a small business concern (as defined in section 3 of the Small Business Act, 15 U.S.C. 632) in order to participate in the PPP?

Answer: No. In addition to small business concerns, a business is eligible for a PPP loan if the business has 500 or fewer employees whose principal place of residence is in the United States, or the business meets the SBA employee-based size standards for the industry in which it operates (if applicable). Similarly, PPP loans are also available for qualifying tax-exempt nonprofit organizations described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (IRC), tax-exempt veterans organization described in section 501(c)(19) of the IRC, and Tribal business concerns described in section 31(b)(2)(C) of the Small Business Act that have 500 or fewer employees whose principal place of residence is in the United States, or meet the SBA employee-based size standards for the industry in which they operate.

4.       Question: Are lenders required to make an independent determination regarding applicability of affiliation rules under 13 C.F.R. 121.301(f) to borrowers?

Answer: No. It is the responsibility of the borrower to determine which entities (if any) are its affiliates and determine the employee headcount of the borrower and its affiliates. Lenders are permitted to rely on borrowers’ certifications.

5.       Question: Are borrowers required to apply SBA’s affiliation rules under 13 C.F.R. 121.301(f)?

Answer: Yes. Borrowers must apply the affiliation rules set forth in SBA’s Interim Final Rule on Affiliation. A borrower must certify on the Borrower Application Form that the borrower is eligible to receive a PPP loan, and that certification means that the borrower is a small business concern as defined in section 3 of the Small Business Act (15 U.S.C. 632), meets the applicable SBA employee-based or revenue-based size standard, or meets the tests in SBA’s alternative size standard, after applying the affiliation rules, if applicable. SBA’s existing affiliation exclusions apply to the PPP, including, for example the exclusions under 13 CFR 121.103(b)(2).

6.       Question: The affiliation rule based on ownership (13 C.F.R. 121.301(f)(1)) states that SBA will deem a minority shareholder in a business to control the business if the shareholder has the right to prevent a quorum or otherwise block action by the board of directors or shareholders. If a minority shareholder irrevocably gives up those rights, is it still considered to be an affiliate of the business?

Answer: No. If a minority shareholder in a business irrevocably waives or relinquishes any existing rights specified in 13 C.F.R. 121.301(f)(1), the minority shareholder would no longer be an affiliate of the business (assuming no other relationship that triggers the affiliation rules).

7.       Question: The CARES Act excludes from the definition of payroll costs any employee compensation in excess of an annual salary of $100,000. Does that exclusion apply to all employee benefits of monetary value?

Answer: No. The exclusion of compensation in excess of $100,000 annually applies only to cash compensation, not to non-cash benefits, including:

•      employer contributions to defined-benefit or defined-contribution retirement plans;

•      payment for the provision of employee benefits consisting of group health care coverage, including insurance premiums; and

•      payment of state and local taxes assessed on compensation of employees.

8.       Question: Do PPP loans cover paid sick leave?

Answer: Yes. PPP loans covers payroll costs, including costs for employee vacation, parental, family, medical, and sick leave. However, the CARES Act excludes qualified sick and family leave wages for which a credit is allowed under sections 7001 and 7003 of the Families First Coronavirus Response Act (Public Law 116–127). Learn more about the Paid Sick Leave Refundable Credit here.

9.       Question: My small business is a seasonal business whose activity increases from April to June. Considering activity from that period would be a more accurate reflection of my business’s operations. However, my small business was not fully ramped up on February 15, 2020. Am I still eligible?

Answer: In evaluating a borrower’s eligibility, a lender may consider whether a seasonal borrower was in operation on February 15, 2020 or for an 8-week period between February 15, 2019 and June 30, 2019.

10.   Question: What if an eligible borrower contracts with a third-party payer such as a payroll provider or a Professional Employer Organization (PEO) to process payroll and report payroll taxes?

Answer: SBA recognizes that eligible borrowers that use PEOs or similar payroll providers are required under some state registration laws to report wage and other data on

the Employer Identification Number (EIN) of the PEO or other payroll provider. In these cases, payroll documentation provided by the payroll provider that indicates the amount of wages and payroll taxes reported to the IRS by the payroll provider for the borrower’s employees will be considered acceptable PPP loan payroll documentation. Relevant information from a Schedule R (Form 941), Allocation Schedule for Aggregate Form 941 Filers, attached to the PEO’s or other payroll provider’s Form 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return, should be used if it is available; otherwise, the eligible borrower should obtain a statement from the payroll provider documenting the amount of wages and payroll taxes. In addition, employees of the eligible borrower will not be considered employees of the eligible borrower’s payroll provider or PEO.

11.   Question: May lenders accept signatures from a single individual who is authorized to sign on behalf of the borrower?

Answer: Yes. However, the borrower should bear in mind that, as the Borrower Application Form indicates, only an authorized representative of the business seeking a loan may sign on behalf of the business. An individual’s signature as an “Authorized Representative of Applicant” is a representation to the lender and to the U.S. government that the signer is authorized to make the certifications, including with respect to the applicant and each owner of 20% or more of the applicant’s equity, contained in the Borrower Application Form. Lenders may rely on that representation and accept a single individual’s signature on that basis.

12.   Question: I need to request a loan to support my small business operations in light of current economic uncertainty. However, I pleaded guilty to a felony crime a very long time ago. Am I still eligible for the PPP?

Answer: Yes. Businesses are only ineligible if an owner of 20 percent or more of the equity of the applicant is presently incarcerated, on probation, on parole; subject to an indictment, criminal information, arraignment, or other means by which formal criminal charges are brought in any jurisdiction; or, within the last five years, for any felony, has been convicted; pleaded guilty; pleaded nolo contendere; been placed on pretrial diversion; or been placed on any form of parole or probation (including probation before judgment).

13.   Question: Are lenders permitted to use their own online portals and an electronic form that they create to collect the same information and certifications as in the Borrower Application Form, in order to complete implementation of their online portals?

Answer: Yes. Lenders may use their own online systems and a form they establish that asks for the same information (using the same language) as the Borrower Application Form. Lenders are still required to send the data to SBA using SBA’s interface.

14.   Question: What time period should borrowers use to determine their number of employees and payroll costs to calculate their maximum loan amounts?

Answer: In general, borrowers can calculate their aggregate payroll costs using data either from the previous 12 months or from calendar year 2019. For seasonal businesses, the applicant may use average monthly payroll for the period between February 15, 2019, or March 1, 2019, and June 30, 2019. An applicant that was not in business from February 15, 2019 to June 30, 2019 may use the average monthly payroll costs for the period January 1, 2020 through February 29, 2020.

Borrowers may use their average employment over the same time periods to determine their number of employees, for the purposes of applying an employee-based size standard. Alternatively, borrowers may elect to use SBA’s usual calculation: the average number of employees per pay period in the 12 completed calendar months prior to the date of the loan application (or the average number of employees for each of the pay periods that the business has been operational, if it has not been operational for 12 months).

15.   Question: Should payments that an eligible borrower made to an independent contractor or sole proprietor be included in calculations of the eligible borrower’s payroll costs?

Answer: No. Any amounts that an eligible borrower has paid to an independent contractor or sole proprietor should be excluded from the eligible business’s payroll costs. However, an independent contractor or sole proprietor will itself be eligible for a loan under the PPP, if it satisfies the applicable requirements.

16.   Question: How should a borrower account for federal taxes when determining its payroll costs for purposes of the maximum loan amount, allowable uses of a PPP loan, and the amount of a loan that may be forgiven?

Answer: Under the Act, payroll costs are calculated on a gross basis without regard to (i.e., not including subtractions or additions based on) federal taxes imposed or withheld, such as the employee’s and employer’s share of Federal Insurance Contributions Act (FICA) and income taxes required to be withheld from employees. As a result, payroll costs are not reduced by taxes imposed on an employee and required to be withheld by the employer, but payroll costs do not include the employer’s share of payroll tax. For example, an employee who earned $4,000 per month in gross wages, from which $500 in federal taxes was withheld, would count as $4,000 in payroll costs. The employee would receive $3,500, and $500 would be paid to the federal government. However, the employer-side federal payroll taxes imposed on the $4,000 in wages are excluded from payroll costs under the statute.

Question: I filed or approved a loan application based on the version of the PPP Interim Final Rule published on April 2, 2020. Do I need to take any action based on the updated guidance in these FAQs?

Answer: No. Borrowers and lenders may rely on the laws, rules, and guidance available at the time of the relevant application. However, borrowers whose previously submitted loan applications have not yet been processed may revise their applications based on clarifications reflected in these FAQs.

17.   Question: Are PPP loans for existing customers considered new accounts for FinCEN Rule CDD purposes? Are lenders required to collect, certify, or verify beneficial ownership information in accordance with the rule requirements for existing customers?

Answer: If the PPP loan is being made to an existing customer and the necessary information was previously verified, you do not need to re-verify the information.

Furthermore, if federally insured depository institutions and federally insured credit unions eligible to participate in the PPP program have not yet collected beneficial ownership information on existing customers, such institutions do not need to collect and verify beneficial ownership information for those customers applying for new PPP loans, unless otherwise indicated by the lender’s risk-based approach to BSA compliance.

La revolución y regulación de FinTech, transformación digital, blockchain, innovación de pago, ciberseguridad, el futuro de la experiencia del cliente, la inclusión financiera y la inteligencia artificial son algunos de los temas que se tratarán en la XIX Conferencia de Innovación y Tecnología Financiera CLAB.

Organizado por la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por su sigla en inglés) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) su comité técnico CLAB. En ese evento se discutirán las tendencias y tecnologías más relevantes que afectan a las instituciones financieras de la región.

Las amenazas competitivas vienen de todas direcciones. El Índice Global de Adopción de Fintech 2019 de EY, que entrevistó a 27,000 consumidores en 27 mercados, descubrió que la adopción de los servicios de FinTech ha aumentado de manera constante, de 16% en 2015, a 33% en 2017, a 64% en 2019. Además, El 68% de los consumidores están dispuestos a considerar un producto financiero ofrecido por una compañía de servicios no financieros.

“Las instituciones financieras están adoptando la innovación y aprovechando las nuevas tecnologías a un ritmo sin precedentes para mantenerse al día con las crecientes demandas de los clientes. Esta conferencia ofrece una gran oportunidad para obtener información valiosa sobre lo que funciona en la industria financiera ”, dijo David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. “CLAB es el lugar donde la comunidad bancaria internacional de Latam se reúne para actualizarse con las últimas tendencias y mejores prácticas”.

A lo largo de los 3 días de la conferencia, los participantes escucharán a innovadores de todo el ecosistema de servicios financieros con una gama incomparable de puntos de vista y perspectivas. También podrán interactuar con líderes de opinión, empresarios, innovadores, reguladores y gobierno.

“Las preferencias del consumidor financiero han venido cambiando, y así lo ha entendido el sector bancario. Hoy día ya no se habla de alta competencia entre bancos y fintechs, sino de alianzas y sinergias entre las mismas, además, ello ha generado impactos positivos y permanentes en lo relacionado con inclusión financiera, sistemas de pago, innovación digital, disminución en costos de transacción y ubicuidad en el uso y acceso de servicios financieros, entre otros, estos temas y otros más, tendremos la oportunidad de escuchar y analizar en el Congreso CLAB 2019, señaló, Giorgio Trettenero Castro, Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN.

La lista de oradores incluye: Dan Mendes, Deloitte Risk & Financial Advisory; Luis Vargas, Netflix; Wilmer Sarmiento, Open English; Carlos Enrico, Mastercard; Fernando Moreno, BBVA; David Zimmerman, IBM Financial Services; Irene Arias, IDB Lab; Nikhil Lele, Ernst & Young; Belisario Contreras, OEA, además de altos ejecutivos de organizaciones líderes mundiales y varios innovadores y empresarios de FinTech.

CLAB 2019 cuenta con el apoyo de socios estratégicos como Ernst & Young, Asi Group, Automation Anywhere, Latinia, Vierge Group, Cloudflare, Infocorp, Prisma Technologies, Clai Group, Open Legacy, Tememos, Veritran y más de 85 organizaciones.

En su 19º año, la conferencia reunirá a 1,000 ejecutivos bancarios y líderes de tecnología de las Américas en Hollywood, FL, del 4 al 6 de septiembre.

Miami, 23 de julio de 2019 –La revolución y regulación de FinTech, transformación digital, blockchain, innovación de pago, ciberseguridad, el futuro de la experiencia del cliente, la inclusión financiera y la inteligencia artificial son algunos de los temas que se tratarán en la XIX Conferencia de Innovación y Tecnología Financiera CLAB.

Organizado por la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por su sigla en inglés), la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y su comité técnico CLAB, en ese evento se discutirán las tendencias y tecnologías más relevantes que afectan a las instituciones financieras de la región.

Las amenazas competitivas vienen de todas direcciones. El Índice Global de Adopción de Fintech 2019 de EY, que entrevistó a 27,000 consumidores en 27 mercados, descubrió que la adopción de los servicios de FinTech ha aumentado de manera constante, de 16% en 2015, a 33% en 2017, a 64% en 2019. Además, El 68% de los consumidores están dispuestos a considerar un producto financiero ofrecido por una compañía de servicios no financieros.

“Las instituciones financieras están adoptando la innovación y aprovechando las nuevas tecnologías a un ritmo sin precedentes para mantenerse al día con las crecientes demandas de los clientes. Esta conferencia ofrece una gran oportunidad para obtener información valiosa sobre lo que funciona en la industria financiera”, dijo David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. "CLAB es el lugar donde la comunidad bancaria internacional de Latam se reúne para actualizarse con las últimas tendencias y mejores prácticas".

A lo largo de los 3 días de la conferencia, los participantes escucharán a innovadores de todo el ecosistema de servicios financieros con una gama incomparable de puntos de vista y perspectivas. También podrán interactuar con líderes de opinión, empresarios, innovadores, reguladores y gobierno.

“Las preferencias del consumidor financiero han venido cambiando, y así lo ha entendido el sector bancario. Hoy día ya no se habla de alta competencia entre bancos y FinTechs, sino de alianzas y sinergias entre las mismas. Además, eso ha generado impactos positivos y permanentes en lo relacionado con inclusión financiera, sistemas de pago, innovación digital, disminución en costos de transacción y ubicuidad en el uso y acceso de servicios financieros. Tendremos la oportunidad de escuchar estos temas y otros más en el Congreso CLAB 2019, señaló, Giorgio Trettenero Castro, Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN.

La lista de oradores incluye: Dan Mendes, Deloitte Risk & Financial Advisory; Luis Vargas, Netflix; Wilmer Sarmiento, Open English; Carlo Enrico, Mastercard; Fernando Moreno, BBVA; David Zimmerman, IBM Financial Services; Irene Arias, IDB Lab; Nikhil Lele, Ernst & Young; Belisario Contreras, OEA, además de altos ejecutivos de organizaciones líderes mundiales y varios innovadores y empresarios de FinTech.

CLAB 2019 cuenta con el apoyo de socios estratégicos como Ernst & Young, Asi Group, Automation Anywhere, Latinia, Vierge Group, Cloudflare, Infocorp, Prisma Technologies, Clai Group, Open Legacy, Tememos, Veritran y más de 85 organizaciones.

Más Información del Congreso CLAB 2019: www.clab.fiba.net/es/inicio-es/

Fundada en 1979, la Florida International Bankers Association (Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida) es una asociación sin fines de lucro que ofrece un completo apoyo a la industria global de servicios financieros, a través de formación, conferencias y la defensa de sus intereses. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las mayores firmas financieras y de las más influyentes organizaciones del mundo. FIBA es reconocida por la industria de servicios financieros, reguladores y autoridades como un centro de excelencia por sus conocimientos y experiencia. www.fiba.net

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro que durante más de 50 años ha acompañado la historia y el desarrollo de los países de nuestra región. Creada en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, FELABAN agrupa, a través de sus respectivas asociaciones bancarias, a más de 620 bancos y entidades financieras de 19 países de América Latina.

A través de sus congresos, concursos, programas de formación internacional, entre otros, FELABAN ha contribuido en la difusión de las mejores prácticas, por ejemplo: la educación e inclusión financiera, entre sus bancos afiliados, para la prestación de servicios integrales a un consumidor financiero cada vez mejor informado y preparado para tomar decisiones financieras acertadas. www.felaban.com

In its 19th year, the conference will reunite 1,000 banking executives and tech leaders from across the Americas in Hollywood, FL on September 4-6

Miami, July 23, 2019 –FinTech revolution and regulation, digital transformation, blockchain, payment innovation, cybersecurity, the future of customer experience, financial inclusion and AI are some of the themes to be discussed at the 19th CLAB Financial Technology and Innovation Conference.

Organized by the Florida International Bankers Association (FIBA) and the Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), CLAB will focus on the most relevant trends and technologies impacting the financial institutions in the region.

Competitive threats are coming from every direction. The EY 2019 Global Fintech Adoption Index, which interviewed 27,000 consumers in 27 markets, has found out that adoption of FinTech services has moved steadily upward, from 16% in 2015, to 33% in 2017, to 64% in 2019. In addition, 68% of consumers are willing to consider a financial services product offered by a non-financial services company.

“Financial Institutions are embracing innovation and harnessing new technologies at an unprecedented pace to keep up with escalating customer demands. This conference offers a great opportunity to get valuable insights into what's working across the financial industry,” said David Schwartz, FIBA president and CEO. “CLAB is where the Latam international banking community gathers to get up-to-date with the latest trends and best practices.”

Throughout the 3 days of the conference, participants will hear from a diverse pool of innovators from across the financial services ecosystem with an unparalleled range of viewpoints and perspectives. They will also be able to engage with peers, thought leaders, entrepreneurs, innovators, regulators and government.

“Consumer preference has been changing, and so has the banking industry. Today, there is more alliances and synergies between banks and FinTech, than competition. In addition, this has also generated positive impacts with regards to financial inclusion, payment systems, digital innovation and reduction in business transaction costs. Those are some of the topics we will be discussed at CLAB 2019,” said Giorgio Trettenero Castro, Secretary General of FELABAN.

The speakers’ lineup include: Dan Mendes, Deloitte Risk & Financial Advisory; Luis Vargas, Netflix; Wilmer Sarmiento, Open English; Carlo Enrico, Mastercard; Fernando Moreno, BBVA; David Zimmerman, IBM Financial Services; Irene Arias, IDB Lab; Nikhil Lele, Ernst & Young; Belisario Contreras, OAS, in addition to senior executives from leading global organizations and several FinTech innovators and entrepreneurs.

CLAB 2019 is supported by strategic partners including Ernst & Young, Asi Group, Automation Anywhere, Latinia, Vierge Group, Cloudflare, Infocorp, Prisma Technologies, Grupo Clai, Open Legacy, Tememos, Veritran and more than 85 supporting organizations.

Founded in 1979, the Florida International Bankers Association is a non-profit trade association dedicated to providing international banking and financial services professionals throughout the world with high quality industry education and accreditation, unparalleled networking opportunities through premier industry events and conferences, and effective legislative advocacy at the state and federal levels. www.fiba.net

The Federation of Latin American Banks is a non-profit entity founded by banking associations and other agencies from 19 Latin American countries in Mar del Plata, Argentina, in 1965, and it includes over 500 regional banks.

Its goals is to promote and facilitate communication, understanding and relationships between financial entities; to support the coordination of criteria and the unification of general banking and financial practices in Latin America; to cooperate with economic development; to promote well-being; and to procure greater access to financial services for low income populations. www.felaban.com

Small lenders in particular face hurdles when it comes to attracting staff to manage anti-money-laundering compliance programs

U.S. banks are having a hard time recruiting and retaining compliance professionals, the Office of the Comptroller of the Currency said in a semiannual report on the risks facing lenders. PHOTO: ANDREW HARRER/BLOOMBERG NEWS

BY Kristin Broughton

Criminals laundering money through the financial system have long been one of the top risks facing the banking industry. Building a solid defense against such intrusions is becoming another, a U.S. financial regulator said Monday.

U.S. banks are having a hard time recruiting and retaining compliance professionals, particularly those who specialize in financial crimes, the Office of the Comptroller of the Currency said in a semiannual report on the risks facing lenders.

Recruiting hurdles are particularly high at small lenders and regional banks, the national banking regulator said.

Banks have expanded their compliance departments over the past two decades in response to laws enacted following the Sept. 11, attacks, which imposed new requirements on banks to spot financial crimes.

Too few universities have developed curricula that can produce professionals capable of stepping into high-demand compliance roles, said David Schwartz, president and chief executive of the Florida International Bankers Association, a trade association for domestic and international banks that focuses on financial crimes compliance, among other issues.

That creates a cost issue for banks that want to beef up controls. “Getting good compliance people is expensive,” Mr. Schwartz said.

The OCC’s report also cited cybersecurity and credit quality as risks faced by the banking industry.

The agency identified several areas of weakness at the banks it examines, including inadequate processes for identifying risky customers, conducting customer due diligence and filing reports on suspicious transactions.

Still, the agency said, lenders have made positive strides when it comes to strengthening controls in areas such as adopting anti-money- laundering controls for new products and services.

To improve the efficiency of their compliance programs, banks are looking at new ways to use artificial intelligence and other advanced technologies, the OCC said.

Regulators last year gave the industry the green light to experiment with new technology to spot financial crimes.

Small banks also have entered into collaborative agreements to pool anti-money-laundering compliance resources, following guidance last year from regulators, the OCC said.

Write to Kristin Broughton at Kristin.Broughton@wsj.com

The Trump administration imposed sanctions on Jan. 28, 2019, on the state-owned oil company of Venezuela, a potentially critical economic move aimed at increasing pressure on President Nicolas Maduro to cede power to the opposition.

U.S. sanctions on the Nicolás Maduro regime in Venezuela are affecting the financial system of Florida by forcing banks to spend much more time revising banking transactions with Venezuela to avoid hefty penalties.

The president and CEO of the Florida International Bankers Association (FIBA), David Schwartz, told el Nuevo Herald on Thursday that banks now must carefully review all operations related to Venezuela, which is becoming a major burden for financial entities.

“[The sanctions] have affected [banks] a lot, in terms of analyzing the operations, because there is a multitude of transactions being made between banks in Miami and Venezuela, either business to business transactions or citizens who still have family there and send them money,” he said.

The issue of transactions with Venezuela will be one of the main topics of the 19th FIBA Anti-Money Laundering Compliance Conference to be held from March 11-13 in Miami. More than 1,200 bankers from the U.S., Latin America, Europe and Asia are expected to attend.

The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department (OFAC) has imposed sanctions on several officials of the Maduro regime and some business people, who face accusations of money laundering, drug trafficking, corruption or human rights violations.

The punishment has also been applied to companies, including state-owned oil company Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), whose assets were frozen, including payments received by the Maduro regime for Venezuelan crude oil transactions sold to U.S. refineries.

According to U.S. authorities, the sanctions would block access to about $7 billion in PDVSA assets and about $11 billion in sales.

Violating these sanctions, even involuntarily, would result in severe penalties to any bank.

“There is fear of not complying and it is not that they are going to do it on purpose, it can happen by chance, there are so many transactions being made that it is possible to fail,” the banker said.

A bank can receive a fine of up to $1 million for each transaction that is considered a criminal offense and a fine of double the amount of the operation up to a little more than a million if it is classified as a civil offense, he said.

Schwartz said that the sanctions are so complex that financial institutions must analyze each banking transaction thoroughly. The monitoring system warns with red alerts when it comes to an operation with Venezuela.

U.S. banks have departments of compliance with the USA PATRIOT Act, implemented after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, to combat money laundering and the financing of terrorism. This legal framework contains regulations that directly or indirectly affect all the countries of the world and their financial sectors.

“With the Patriot Act, the compliance departments continue to grow in terms of the number of people and now with Venezuela [sanctions] that implies that maybe we have to divert some officials from those units to deal with the Venezuela transactions,” Schwartz said.

Regarding the importance of the FIBA Anti-Money Laundering Compliance Conference in March, Schwartz added that there is “a very important Venezuelan population in Miami that must understand exactly what is happening with their country, especially in the matter of doing business, because the U.S. has issued sanctions on Venezuela, the government, PDVSA.”

In the conference, a panel of experts, including lawyer Eugenio Hernández Bretón, of Baker & McKenzie, who is in Venezuela and works with Venezuelan clients, will analyze how to mitigate the risks of doing business with that country.

Another topic that will be discussed at the conference is the possibility that banks incorporate more technology, such as the use of artificial intelligence, in compliance management. There also will be discussions on money laundering in real estate and on how to combat human trafficking with financial information.

The president and CEO of the Florida International Bankers Association (FIBA), David Schwartz, said the sanctions are causing banks to have to carefully review all operations related to Venezuela, which is becoming a major burden. FIBA

Venezuela’s state-owned oil company, PdVSA, and its subsidiaries, including Citgo, have been targets of U.S. sanctions. PHOTO: MARCO BELLO/REUTERS

By
Mengqi Sun

Recently imposed sanctions on Venezuela have posed new compliance risks for U.S. and international financial institutions as they seek to untangle business ties between the two countries to meet evolving requirements.

The Treasury Department has ramped up sanctions with more designations and guidance in recent weeks. Gradually increasing U.S. measures targeting the government of Venezuela, and the country’s state-owned oil giant in particular, have made banks more reluctant to touch accounts that might relate to Venezuela for fear of sanctions violations. The scenario is complex because the economic and business connections between the two countries have a foundation in the oil-and-gas industry, which can affect automobile and heavy machinery manufacturing, as well as elements of insurance and finance, said Cari Stinebower, a sanctions lawyer at Crowell & Moring LLP.

“Anyone that touches the petroleum industry is affected by the sanctions,” Ms. Stinebower said.

The U.S.’s campaign picked up early in the new year, with sanctions targeting a Venezuelan media mogul. Then the U.S. Treasury Department imposed sanctions on Venezuela’s state-owned oil company, Petróleos de Venezuela SA, or PdVSA, and its subsidiaries, including refiner Citgo Petroleum Corp. Washington has been pushing a broad campaign against the government of Nicolás Maduro, who the Trump administration says is corrupt and illegitimate. On Jan. 23, it moved to recognize opposition leader Juan Guaidó as the interim president. On Monday, the U.S. increased the pressure, adding governors who support Mr. Maduro to its sanctions blacklist. The sanctions on Venezuela’s financial and oil sectors are designed to cripple the Maduro regime, which the U.S. has accused of human rights abuses and curtailing freedom of speech. But the interconnectedness of the U.S. and Venezuelan economies might make it more challenging for banks to stay compliant, sanctions experts said.

Intricacies stemming from the sanctions are particularly disruptive for the banking industry, said Daniel Gutierrez, who chairs the anti-money-laundering compliance committee at the Florida International Bankers Association.

Banks are responsible for vetting their customers to ensure they don’t have relationships with people or companies on the sanctions list. They are also required to flag and block questionable transactions, including clearing U.S. dollar-denominated transactions.

In the case of Venezuela, where the list of the Maduro government officials is broad and unclear, and where PdVSA has many subsidiaries and tends to outsource to third-party vendors, banks are finding they need to pull more resources to holistically analyze each instance on a case-by-case basis, said Mr. Gutierrez.

“The question the industry has is how far down that outsourcing chain do I have to go to determine if I have a sanction on Venezuela or not,” Mr. Gutierrez.

If not carefully managed, banks could face penalties and reputational damage, said Raul Gallegos, who leads the political risk practice in the Andean region at consulting company Control Risks.

Goldman Sachs Group Inc. in 2017 came under fire when it was revealed that the company bought about $2.8 billion in Venezuelan bonds, which were seen as a lifeline to the Maduro government. Goldman Sachs declined to comment. Write to Mengqi Sun at mengqi.sun@wsj.com

According to CNB President and CEO, Jorge Gonzalez “CNB has a very long history of assisting community projects and we are delighted to have established this relationship with SFDA to help increase and expand the literacy levels of our citizens, particularly the children. We congratulate FIBA and their Community Relations Committee for taking this initiative.”

FIBA is an active supporter of South Florida Digital Alliance that is a nonprofit foundation whose mission is to expand digital literacy and provide connectivity to all citizens regardless of income level, throughout South Florida. For more information and ways to donate, visit sfdigitalalliance.org.

Co-hosted by David Schwartz, President and CEO, and J. Antonio Bejarano, outgoing Chair, the evening's programming highlighted the outgoing Board's steadfast dedication, incredible work and accomplishments during their tenure.

In his address, Mr. Bejarano underscored the significant progress made over the past year: "None more important than what was achieved by the Legal and Regulatory Committee, chaired by Kim Prior, which paved the way for the modernization of international banking laws in the State of Florida."

For the second year in a row, the ceremony included the awarding of the FIBA Futbol League's trophies for the 2018 season. Taking home all three trophies in an impressive tournament sweep, J.P. Morgan claimed the championship, best goalie and most valuable player awards. 

As the incoming Officers and Directors were sworn in, and in accordance with a FIBA tradition dating back to 1988, Mr. Bejarano symbolically passed the (soccer) ball to his newly elected successor, David Hernandez.

In his address as FIBA's incoming Chair, Mr. Hernandez affirmed his commitment to his new role. "My goals are clear and simple," he said. "Maintain FIBA's legacy, raise awareness of our contributions to international banking and seek alliances that facilitate free trade and drive economic progress." 

Congratulations to the 2018-2019 FIBA Officers and Board of Directors:

DIRECTORS - FINANCIAL INSTITUTIONS

Karen Asher-Howard, HSBC
Michael Averitt, Citibank
Dimitri Barbosa, Banco Itau International 
Eloina Franco-Espinosa, Banco Santander International
Jorge Gonzalez, City National Bank 
Pamela Kohl, Banco do Brasil
Ariel Marin, Wells Fargo
Carlos Montoliu, Mercantil Bank
Ana Nunez, Northern Trust
Carlos Rodriguez, Eastern National Bank
Julio Rojas, BAC Florida Bank
Andres Roshardt, Davivienda
Liba Saiovici, Bank of America Merrill Lynch
Jorge Salas, BANESCO
Carlos Soto, EFG Capital International
Jordi Torras, Banco Sabadell
Bor Van Der Weerden, UBS

DIRECTORS - NON FINANCIAL INSTITUTIONS

Carlos Perez-Abreu, PAAST 
Guillermo Benites, UDT
Andres Fernandez, Holland & Knight
Daniela Fonseca Puggina, Baker & McKenzie
Patricia Hernandez, ARHMF
Judy Miller, ERM
Alberto de la Portilla, Integro Advisers
Michael Silva, DLA Piper
Robert Targ, Diaz Reus

HONORARY MEMBERS

Carlos Carreno, HSBC Mexico
Carl Fornaris, Greenberg Traurig

PAST CHAIRS

Luiz Carlos Couto, Bank of America Merrill Lynch
Teresa Foxx, Barclays
Grisel Vega, BCI Miami Branch 

We've got exciting news to share today — FIBA has a new look!

Like the world around us, our organization is evolving—and with it, our brand. The FIBA brand has grown for more than 38 years through our relentless advocacy, our commitment to quality industry education and, most significantly, our incredible member community.

As we continue to grow, we want to be sure our brand best reflects why we exist, what we believe in, and where we're headed. Today, we're taking a bold step forward with a new logo and identity system.

It's our great pleasure to introduce you to the new FIBA.

Designed as an organic evolution of previous iterations, the new logo is fresh, modern, confident, and better represents the FIBA of today: an international community of professionals dedicated to supporting and protecting the global financial system through advocacy, education and integrity.

What's New?

A vibrant refresh of our signature globe mark carries forward the history and authenticity of the FIBA brand. The movement of the lines and the name at the globe's base represent a dynamic and energetic global financial system with FIBA serving as the foundation.

The new, bright brand colors and clean, modern typeface complete the image, reinforcing our commitment to innovation and forward thinking.

Division Logos

As part of this brand refresh, we've also developed individual logos for our three divisions that will communicate the unique experience and voice associated with each while still feeling unified under one main FIBA brand.

Starting today, you'll see these exciting changes being implemented into all of our digital properties and communications. And in the coming months, we'll be unveiling a brand new FIBA website—a redesign befitting our fresh new brand, that will employ all of the latest best practices put the user experience first.

Thank you to all of our members and alumni for inspiring this important new chapter in FIBA's history, and for being a part of our continuing effort to advance the industry and support meaningful change.

Much more to come—stay tuned!

The toy drive organized by the WLC raised about $2,000 from FIBA members. This money was used to buy specialized toys for all the 144 visually impaired children served by the charitable institution through different programs. The joint effort identified the wish list and the age distribution of the children, and then partnered with a specialized toy store selected by the Miami Lighthouse.

“Our team of volunteers was really interested in learning more about the unique needs of these children, so that they could carefully select the toys they really wanted and bring them some additional joy during this Holiday Season,” said Rosse Barrantes, SVP at TotalBank, who leads the charitable efforts of the WLC.

“The Lighthouse for the Blind provides an outstanding opportunity for FIBA to give back in the holiday spirit through sharing toys and joy with the children of the organization.  We look forward to the continued partnership and collaboration,” commented FIBA Director Teresa P. Foxx, Director & General Manager, Barclays – Miami Branch.

Led by CEO Virginia Jacko, the Miami Lighthouse is one of Miami’s oldest charitable organizations serving the visually impaired and was named the "Best of Miami Charity 2017” by the Miami New Times. Founded in 1931, the institution is a rehabilitation organization serving the blind and visually impaired. It serves nearly 15,000 people each year and reaches an additional 3,300 through community education and outreach programs. Most recently, the Miami Lighthouse launched an innovative Pre-Kindergarten program that is Florida's first and may be the only one of its kind in the nation. This new program provides an inclusive setting for visually impaired students.

“The FIBA toy drive provided our students in the Miami Lighthouse Learning Center for Children with toys to take home and continue their learning in the home environment. They were selected by Miami Lighthouse staff for appropriateness relating to each child. The toy drive reinforces the home/school connection and they are grateful for the generosity of all those who donated,” commented Cameron Ehren Sisser, Vice President for External Relations for the Miami Lighthouse.

“One of the pillars of the FIBA Women’s Leadership Committee is to give back to our community through outreach and charitable initiatives,” said the WLC’s Chair, Pamela Kohl, EVP at Banco do Brasil Americas. "The committee is comprised of great professional women, who are leaders in their organizations but also work together to organize charitable events that bring hope, love and joy to the charities we support."

View photos from this year's event on FIBA's Facebook page.

David Schwartz, President and CEO, FIBA:

“I am pleased to announce that FIBA will be organizing a new event, “FIBATech – Connecting FinTechs and Banks,” that will explore the innovation and disruption that technology has brought to the financial services industry through demos from FinTech companies in the fields of blockchain, payments and lending, and panel discussions between FinTech companies, bankers and technology experts and consultants.”

Alexander Sjogren, CTO, YellowPepper will be the the keynote speaker and will share his insigths in a session named “Helping Banks Go Digital,” following the panel “Opportunities in the Current Fintech Marketplace.” The panel will be moderated by Dario Fuentes, Managing Partner, Innovative Pace, and panelists will be Jorge Ruiz, Tech Founder and CEO, Above and Beyond, Allan Cuelli, Director, Latin America & the Caribbean, VISA, and Roberto Gomes, Executive Director, Financial Services Technology, North LatAm, EY.

Following the first Demo session and before the second one takes place, Claudio Fiorillo, Senior Partner, Head of Financial Industry LatAm, Deloitte, will moderate Joe Dewey, Partner, Holland & Knight, Thomas Wenrich, CEO, LAB Miami Ventures , Carlos Kuchkovsky, CTO - New Digital Business, BBVA, and Brian Graham, CEO, AlliancePartners, in the session “How to partner with Banks: Opportunities and Obstacles.”

For more information and to register, please visit: fibatech.fiba.net.

About FIBA

Founded in 1979, the Florida International Bankers Association is a trade organization that provides comprehensive support to the global financial services industry through training, conferences, and advocacy. Its members include some of the largest and most influential financial institutions and organizations in the world. FIBA is recognized by the financial services industry, regulators and authorities as a center of excellence for its knowledge and experience.

For additional information or interviews: Rocio Lopez - Communications & PR

FIBA - Rocio33130@gmail.com - Cell: (305) 215 4837

“FIBA has been working on these changes with the Florida Office of Financial Regulation (“OFR”) for over two years and is pleased that this collaborative effort has resulted in important new legislation”, declared David Schwartz, President & CEO of FIBA.  “In this regard, FIBA wishes to recognize the efforts of the staff of the OFR, including Commissioner Drew Breakspear and Jeremy Smith, Director of the Division of Banking, for their support through the process of obtaining legislative approval.  FIBA is also grateful to its Legal and Regulatory Affairs Committee for its dedication and numerous trips to Tallahassee to further and support the legislative effort.  FIBA will continue to work with the OFR during the next few months to conform the related forms and rulings to the revised International Banking Code.”

The significant revisions to Chapter 663 seek to modernize the International Banking Code, making it more attractive to financial institutions currently operating in Florida and to facilitate applications for new financial institutions.  To this end, FIBA and the OFR conducted a comprehensive and extensive review of the existing international banking regulations in other states and compared those provisions to their Florida counterparts.  FIBA is convinced that the revisions to the International Banking Code will make Florida an even more attractive market for financial institutions.

Below we highlight changes to the revised International Banking Code that may be of special import to banking institutions in Florida:

• The OFR now has discretion to allow the office of an international banking corporation in Florida to remain open and operating despite its parent company being in bankruptcy or similar status and despite its operating under the direct control of the government or a regulator.
• The OFR now has discretion to approve the application of any branch or agency operating for at least 3 years in a safe and sound manner to expand operations in Florida, under an abbreviated application process (FIBA will be working on this with the OFR in the coming months);
• The strict minimum capital requirements for new applicants have been eliminated. Instead, the OFR has moved toward a comprehensive risk-based approach based on safety and soundness when licensing a new international banking corporation in Florida.
• Minimum asset maintenance and capital equivalency deposits have been replaced with a similar risk-based approach based on safety and soundness, as currently contemplated by many other states.  
• The OFR has discretion to allow an after-the-fact licensure process of an entity in the event of an acquisition, merger or consolidation, which permits continuity of operations.
• International branches may engage in the same deposit taking activity as federal branches, which clarifies the treatment of domestic deposits.
• Copies of the charter, by-laws and any other policy or procedure not “specific” to the operations of the branch or agency may now be retained in their original language.  However, the OFR may request a copy duly translated at the financial institution’s expense.

In addition to the changes affecting banking institutions, FIBA, the OFR and the Florida International Administrators Association (FIAA) agreed to add two new sections to the International Banking Code to address the licensing, regulation and supervision of various international trust entities.

For more information about the International Banking Legislation, please visit https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2017/00435 or contact David Schwartz at 305-539-3742.

Sarah Gillet Couto, Corporate Trainer and Leadership Coach at Energy Leadership Development System, reported that they purchased goodies and assembled 45 baskets so far. “We are very excited and thank every person at FIBA that has helped us make this great idea a reality.  We have raised $2,505 (our goal was $2,500), so thank you for your generous donations,” she said.

In addition, the staff at the Chapman Partnership mentioned that this would be the very first time that the ladies receive a full-size toiletry set that includes shampoo, conditioner, lotion, body wash, and other hygienic items. They were certain that this kind gesture would be very well received by their female residents. 

The ladies at Chapman Partnership will be given with their gift baskets this Saturday, May 6, 2017 at the Miami location and the following day in Homestead. “This is a clear reflection that if a few people care enough, we can make GREAT difference in the lives of others,” said Sarah.

For more information about FIBA’s committees and community service initiatives, please visit http://www.fiba.net or contact Stephanie Lambert, FIBA’s Member Services Manager via email at slambert@fiba.net or by phone at (305) 810-2819.